La Fiscalía de Bolivia informó este miércoles que en lo que va de 2024 se registraron 35 feminicidios y 18 infanticidios, y que en la mayor parte de los casos se tiene identificados a los agresores, quienes afrontan procesos penales en la Justicia.
El Ministerio Público señaló que los casos se concentran en los departamentos de La Paz (9), Cochabamba (6), Santa Cruz (6), Tarija (4), Potosí (3), Oruro (3), Beni (2) y Chuquisaca (2), mientras que en el departamento amazónico de Pando no se tiene ningún proceso abierto.
La directora de la fiscalía especializada en Delitos contra la Vida, Elizabeth Viveros, dijo a los medios que ocho de estos procesos «cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada» ya que los acusados admitieron su culpa.
Mientras que los casos restantes están en etapa preliminar y preparatoria, por lo que «se tiene un 85,29 % de efectividad» ya que los responsables están identificados, condenados o con detención preventiva, mencionó Viveros.
Esta jornada se reportó en La Paz el deceso de una mujer a causa de la violencia machista en la población rural de Achacachi.
La víctima es una maestra de 28 años que fue asesinada por su pareja de 33, también maestro, quien se fugó después de consumar el delito.
Asimismo, otra mujer murió en una comunidad rural del departamento de Chuquisaca por los golpes en la cabeza que le propinó su esposo, quien ya confesó el delito.
Por otra parte, la Fiscalía informó que los infanticidios en el país son 18, concentrados en los departamentos de La Paz (10), Cochabamba (2), Santa Cruz (4) y Oruro (2).
La fiscal Viveros mencionó que los agresores son en su mayoría los padres o personas del círculo familiar de las víctimas y que en el 75,51 % de los casos los responsables tienen una sentencia o una imputación fiscal.
Hace poco, algunas organizaciones feministas señalaron que el 93 % de los casos de violencia familiar, el delito más denunciado a la Fiscalía, quedan en la impunidad por abandono o el sobreseimiento de las denuncias.
Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley 348 que sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación del país.
Diferentes organizaciones de mujeres reclaman desde hace años que esa norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista, entre otros aspectos.
Hace poco un grupo de legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), impulsaron una reforma a la Ley 348 por considerarla «antihombres», lo que fue rechazado por la oposición y el ala oficialista afín al Gobierno de Luis Arce.
El Ejecutivo envió al Parlamento en julio de 2022 una reforma para agilizar que los procedimientos en los casos de violencia, pero hasta ahora el Legislativo no discutió esa propuesta.
Los constantes feminicidios e infanticidios colocan a Bolivia entre los países más violentos de la región.
