Luego de que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, informó que detectó un desfalco millonario superior a los 90 millones de pesos en la administración municipal de Mineral de la Reforma que encabezó Israel Felix Soto, y de que el Congreso Local exhortó a los 84 municipios a conducirse con honestidad y austeridad, Hilda Miranda Miranda, diputada local de Morena se pronunció a favor de que se investigue lo sucedido en dicho municipio.
Las observaciones se realizaron en torno a pagos improcedentes de dieta extraordinaria y/o aguinaldo a síndicos y regidores, por un monto de 10 millones 658 mil 955 pesos; así como, pagos improcedentes por concepto de gestión social a integrantes de la Asamblea Municipal (síndicos y regidores), por 15 millones 260 mil 79 pesos con 60 centavos; y un subejercicio de recursos por 64 millones 990 mil 358 pesos con 88 centavos.
Por lo anterior, la suma genera la cifra de 90 millones 909 mil 393 pesos con 48 centavos, que conforme al procedimiento establecido, se otorga un plazo para que dichas observaciones sean solventadas. En caso de no hacerlo, según se informó, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma que actualmente encabeza Eduardo Medecigo Rubio, promoverá todas las acciones legales y administrativas correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de dicho daño al erario público del municipio.
Al respecto, Miranda Miranda se pronunció a favor de investigar de forma minuciosa las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Mineral de la Reforma como parte de los ejercicios fiscales 2021 al 2023 y parte de 2024, “la implementación de acciones de austeridad busca optimizar el uso justo de los pocos recursos disponibles”, dijo.
Y agregó que así se evitarán los gastos superfluos y se tendrá seguridad en que cada peso del presupuesto público se destinará a labores, programas y proyectos que realmente beneficien a la población: “la austeridad no significa cortar servicios esenciales, sino administrarlos de manera eficiente y responsable, evitando derroches y priorizando las necesidades más urgentes”.
De igual forma criticó el actuar de algunos alcaldes y sus administraciones: «cuando los gobiernos se conducen con honestidad y practican la austeridad, se genera un ambiente de confianza y legitimidad, incentivando a una participación más activa en cuanto las contribuciones o pago de derechos de los ciudadanos y están más dispuestos a colaborar y participar activamente en las iniciativas gubernamentales cuando perciben que sus autoridades actúan con integridad».
Y concluyó, «la transparencia en la gestión pública es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los gobiernos, al promover prácticas de honestidad y llevarlas a cabo como políticas públicas, así fortalecer la confianza de los ciudadanos frente a las instituciones y se garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y efectiva».
