AGENDA EDUCATIVA
Mientras se realizan y se conocen los resultados del examen de control en la UNAM, conviene detenerse en uno de los actores de la actual crisis universitaria: Territorium Life. Las preguntas son elementales: ¿Quién es esta empresa?, ¿cuál es su experiencia en el ámbito educativo?, ¿cuánto cobró por sus servicios y, sobre todo, qué responsabilidades podrían derivarse de su cuestionable participación?
Territorium Life es una empresa fundada por Carlos Elizondo y Gerardo Sáenz, dedicada, entre otros servicios, a soluciones tecnológicas para instituciones educativas y procesos de admisión mediante IA (Mayen, 28 de julio, 2026). Su experiencia en este campo es relativamente reciente, aunque ha tenido una rápida expansión entre 2022 y 2025. En México, uno de los antecedentes relevantes es la digitalización del examen de admisión del IPN en 2022, presentada por su director como un caso de éxito. Ese antecedente hacía pensar que la UNAM podía ser el siguiente nicho de mercado al tratarse de una institución que cada año enfrenta un proceso de admisión en el que participan más de 100 mil aspirantes.
Respecto al costo de los servicios para aplicar el examen de admisión a bachillerato y licenciatura, inicialmente se habló de una cifra cercana a los 100 millones de pesos. Posteriormente, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, confirmó que la Universidad pagó 69.1 millones de pesos a Territorium Life (Hernández, 5 de agosto, 2026).
Respecto a las responsabilidades por la participación de la empresa, se encuentran en marcha tres auditorías: una interna de la Contraloría de la Universidad, otra de carácter tecnológico y una más a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Hernández, 6 de agosto, 2026). Los resultados podrían tardar más de seis meses. Sin embargo, el panorama cambió: la ASF inició una auditoría a la UNAM para solicitar información sobre el contrato y el impacto económico derivado de repetir o modificar las evaluaciones, todo ello en un lapso menor a 10 días (El Universal, 20 de agosto, 2026).
Entonces, hasta ahora tenemos la cancelación anticipada del contrato con Territorium Life y la salida de la secretaria general de la Universidad Nacional (La Jornada, 31 de julio, 2026). Pero la crisis no termina con la cancelación de un contrato ni con la salida de funcionarios. Las auditorías deberán establecer responsabilidades y, a partir de estos entender cómo se tomó una decisión que involucró millones de pesos, que podía realizar la propia universidad u otros proveedores.
El CENEVAL, por ejemplo, aplica el EXANI-II en procesos de ingreso a universidades estatales; también existe el EXCOBA. La cuestión no es afirmar que alguna de estas opciones hubiera garantizado un resultado perfecto, sino saber si fueron consideradas y por qué se eligió otra alternativa. La pregunta de fondo permanece: ¿Por qué la UNAM puso en manos de un tercero un proceso que también podía realizar con capacidades propias?
Lo que se ve en el horizonte, si las auditorías determinan responsabilidades, Territorium Life podría enfrentar consecuencias económicas. Pero, en comparación con los costos políticos que tendrá que pagar la UNAM, no hay proporción.
