Agenda Educativa
Cerramos el pendiente de la entrega anterior. Tres hallazgos que se desprenden del trabajo de Pérez y Buendía (2021), respecto a la UAM, permiten ilustrar la diversidad de las trayectorias académicas. Primero, la planta académica está envejecida: “55 por ciento de los profesores se ubican en el rango de edad de entre 61 y 80 años, y 45 por ciento tiene más de 31 años de antigüedad laboral”.
Segundo, la trayectoria académica valorada por la antigüedad tiene efectos directos en los ingresos de los profesores. En este grupo, los ingresos pueden ir de los 90 mil a los 105 mil pesos. Y tercero, los académicos con una trayectoria inicial (de 1 a 10 años), aun cuando trabajan más, perciben sueldos significativamente menores que aquellos profesores con trayectorias mayores o avanzadas, asociadas principalmente a la antigüedad.
Es difícil generalizar las condiciones laborales de los académicos de la UAM al conjunto de otras instituciones de educación superior. No obstante, es posible advertir trayectorias académicas diferenciadas: por un lado, aquellas asociadas a la antigüedad laboral y a mejores salarios, y por otro, condiciones económicas vinculadas a una mayor carga de trabajo.
La figura que mejor representa esta nueva condición laboral son las plazas PRODEP creadas por la SEP, hoy operantes en la mayoría de las IES públicas. Estas plazas constituyen nuevas formas de contratación del profesorado de tiempo completo, que deben contar, preferentemente, con el grado de doctor, realizar investigación, desarrollar líneas de generación y aplicación del conocimiento, conformar cuerpos académicos y, adicionalmente, asumir tareas de gestión, asesoría y tutoría.
Entonces, ¿hacia dónde podría pensarse el salario emocional bajo estas condiciones laborales, con esta diferenciación de trayectorias académicas entre profesores de asignatura precarizados, docentes de tiempo completo envejecidos (pero que no se han jubilado) y un nuevo perfil de PTC con mayores exigencias laborales? De manera sintética, pueden esbozarse al menos dos primeras líneas de acción:
- Pensar la universidad (y sus políticas institucionales) desde un marco de referencia, por ejemplo, la noción del bien común. Lo que resulta benéfico para la institución —en términos de clima organizacional, cooperación y sentido de pertenencia, así como de prestigio institucional, que hoy suele asociarse exclusivamente a la productividad en los rankings— también lo es para el docente.
- Reorientar la racionalidad administrativa hacia la racionalidad académica. Los docentes entregan informes a múltiples áreas; la información se duplica, se acumula, pero no se utiliza para la toma de decisiones. Las reglas excesivas para realizar actividades académicas con frecuencia se ven restringidas por normas basadas más en la vigilancia que en la confianza y la libertad académica.
En este marco, el salario emocional no se reduce a discursos retóricos. Se traduce en condiciones institucionales que reconocen la complejidad del trabajo académico y restituyen el sentido colectivo de la universidad.
