Integrantes de la 65 Legislatura de Hidalgo, aprobaron reformas de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, con el fin de implementar como obligación de los conductores de los vehículos de los servicios de transporte, colaboren y brinden apoyo al primer respondiente o autoridad, ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas.
De igual forma, se establece la obligación de los concesionarios y permisionarios para contribuir en el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público, así mismo deberán facilitar los datos o medios de prueba que contribuyan a la investigación, bajo los principios de “celeridad, no victimización y respeto a los derechos humanos de las victimas”.
En su argumentación, manifestaron que el acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia de género que afecta a personas de todas las edades y en diversas situaciones: “puede manifestarse de muchas maneras, desde comentarios o gestos inapropiados hasta tocamientos no deseados o seguimientos intimidatorios. Este tipo de acoso puede ocurrir en lugares como calles, parques, transporte público, lugares de trabajo o instituciones educativas”.
