IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
En cuanto al avance del objetivo 16 de la Agenda 2030: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas en sus metas 16.1 y 16.235, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: Transiciones hacia la sostenibilidad, ha registrado elevadas tasas de homicidios desde la década de 1990.
En 2021, se registró una tasa promedio de 19.9 por ciento homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo, según fuentes oficiales de UNODC, cabe destacar que se evidencian grandes contrastes entre regiones.
En lo que respecta a la región de ALyC, se han realizado esfuerzos importantes para revertir este grave problema, si bien los resultados han sido heterogéneos. En América del Sur, la tasa de homicidios ha experimentado una tendencia a la baja desde 2017. Esta disminución se debe principalmente a una reducción del número anual de homicidios que se producen en Brasil, el país más poblado de la subregión, que pasó de más de 63 mil en 2017 a menos de 46 mil en 2021.
En la subregión de Centroamérica y México, algunos países que históricamente se asocian con altas tasas de homicidio registraron descensos pronunciados, mientras que otros experimentaron incrementos. Las víctimas de homicidio en México representaron aproximadamente el 77 por ciento del total de víctimas de homicidio en la subregión en 2021 y, durante la última década, su peso relativo ha marcado la tendencia subregional.
También se atribuyen a problemas estructurales, como la debilidad del estado de derecho, la desigualdad social y el desempleo juvenil, y a problemas coyunturales como la producción de drogas y la posesión y uso de armas de fuego, entre otros.
La región se encuentra aún en un contexto de elevados niveles de violencia y acceso restringido a la justicia, con avances que todavía son heterogéneos y que dan cuenta de que no se ha logrado que prevalezcan la paz y la seguridad, bienes públicos globales cuya ausencia produce consecuencias negativas para el desarrollo económico y social de los países.
En la lucha contra la violencia en todas sus formas, no solo es necesario fortalecer las instituciones para consolidar el estado de derecho y la promoción de los derechos humanos, sino también robustecer el trabajo colaborativo entre las instituciones y las comunidades.
Por otra parte, si se quiere fomentar el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia para todos, es necesario que los gobiernos promuevan políticas de justicia abierta y amplíen el uso de las herramientas digitales, a fin de fortalecer los sistemas de control tanto interno como externo y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto a los casos que se atienden en las distintas instancias judiciales.
Más aún, para que las políticas públicas sean eficaces, no solo en los contextos de paz, seguridad y justicia, sino en los demás aspectos del desarrollo sostenible, se requiere revertir en la región la creciente tendencia de desconfianza hacia las instituciones y los funcionarios públicos.
Otro componente del proceso que contribuye a la solidez institucional consiste en hacer que la ciudadanía tenga un mayor y mejor acceso a la información pública, lo que facilita la colaboración y la toma de decisiones, a la vez que permite anticiparse a hechos disruptivos como los actos de violencia y organizarse en estructuras participativas para llegar a soluciones que aprovechen el conocimiento colectivo.
Tomadores y tomadoras de decisiones, hagamos lo propio.
