El imputado también enfrenta cargo por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado
Otro acierto judicial se generó durante la continuación de la audiencia inicial, ya que mediante un comunicado se advirtió que con base a la presentación de suficientes datos de prueba, fue como agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso para una persona identificada con el nombre e iniciales de Gabriel “G” “R”, ex presidente municipal de Tizayuca, quien es investigado por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
De ello, la dependencia encargada de procurar justicia estableció que los hechos por los que se le investiga al ex funcionario público ocurrieron entre el 21 de enero y el 31 de agosto de 2020, cuando autorizó ilegalmente diversas órdenes de pago a favor del ex secretario de la tesorería y administración de dicho municipio.
Con antelación, se dio a conocer que el imputado de manera ilegal habría firmado un contrato para la adquisición de mobiliario y que, en suma, se indaga sobre el destino de 25 millones 309 trescientos nueve mil pesos.
Así mismo, se recordó que una vez que lo ocurrido fue denunciado ante la representación social, se iniciaron las indagatorias contra Gabriel G. R., por lo que se solicitó al juez de control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por agentes de la División de Investigación de la PGJEH.
Fue durante la audiencia inicial, donde la representación social formuló la imputación en contra del ex presidente municipal de Tizayuca, sin embargo, este se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resolviera su situación legal.
Fue durante la continuación de la audiencia inicial, cuando el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso para el imputado, quien se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Finalmente, el juzgador que lleva el caso estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
