AGENDA EDUCATIVA
La preocupación del gobierno mexicano por establecer una política educativa alimentaria se remonta a la primera mitad del siglo XX. Esta política —con sus instituciones responsables, estrategias, programas y diagnósticos del problema— ha experimentado cambios a lo largo del tiempo.
Desde la fundación de la SEP comenzaron a trazarse esfuerzos en esta materia. En 1929, surgieron las primeras experiencias de la institucionalización del programa “Gota de Leche”, enfocado a niños en situación de pobreza en la Ciudad de México (Cecilio, 2022). Luego, en 1942, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el programa se transformó en Desayunos Escolares, y en 1997, fue descentralizado y amplió su cobertura a nivel nacional (Sánchez, Naranjo y Nava, 2019).
Históricamente, el programa de desayunos escolares ha estado bajo la responsabilidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo creado en 1977. El DIF forma parte del sector salud, y su titular es designado directamente por el titular del Poder Ejecutivo. A partir del gobierno de AMLO (2018-2024), el cargo honorífico que se le otorgaba a las esposas de los presidentes deja de ser así y queda solamente el o la titular del Sistema Nacional del DIF.
Hasta hoy, el DIF opera diversos programas alimentarios, entre ellos el denominado Programa de Alimentación Escolar (desayunos escolares). De acuerdo con el más reciente Informe de Actividades del DIF (2024), “Durante 2023, a través del Programa de Alimentación Escolar se atendió a nivel nacional a un total de cinco millones 686 mil 779 alumnas y alumnos inscritos en 90 mil 276 escuelas, lo que representa el 46 por ciento de los 196 mil 347 centros escolares públicos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país” (2024, p. 39).
Hasta aquí, es importante armar el rompecabezas de la política educativa alimentaria. Por un lado, tenemos a una institución, el DIF, que si bien ha tenido un papel central, no ha sido la única dependencia, ni el único programa o estrategia que ha contribuido a la política alimentaria en México. Un ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto, se impulsó la Cruzada Nacional contra el Hambre, que incluía el programa de comedores comunitarios, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Aunque, tanto el programa como la dependencia fueron eliminados durante el sexenio de AMLO.
Otro elemento importante es la participación de de la SEP , a través de la estrategia “vive saludable, vive feliz”. No obstante, tanto el programa del DIF como la estrategia de la SEP presentan inconsistencias. No basta con establecer prohibiciones a la comida chatarra o promover una alimentación en los niveles básicos: se requiere garantizar el derecho a la alimentación. Y, en ese sentido, la cobertura actual del programa de alimentación es claramente insuficiente.
Para dimensionar esta insuficiencia, vale la pena recordar que, grosso modo, el sistema educativo nacional atiende aproximadamente a 35 millones de estudiantes: 24 millones en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 5.5 millones en media superior y otros 5.4 millones en educación superior. Asegurar una cobertura integral del programa alimentario al sistema educativo nacional de niños, adolescentes y jóvenes que lo necesiten conforme a las condiciones económicas desfavorables, independientemente del nivel educativo, implicaría avanzar hacia el pleno ejercicio de los derechos a la educación y a la alimentación.
Finalmente, ¿cuál ha sido el diagnóstico que dio origen a la política educativa alimentaria en México? Una revisión breve de la literatura sugiere que los principales factores han sido la seguridad alimentaria, el derecho a la educación, el combate a la obesidad infantil, la prevención del abandono escolar, y recientemente, el cuidado de la salud y la felicidad.
