Agenda Educativa
El 25 de julio de 2025, un joven estudiante golpeó, insultó y escupió a su profesor. Todo fue grabado en video por los propios estudiantes del salón de clases. Ambos pertenecían a la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en el Estado de Hidalgo.
La noticia pronto se volvió de interés nacional. Al parecer, ese mismo día, tanto el estudiante como el profesor interpusieron denuncias ante el Ministerio Público Estatal (La jornada, 28 de julio, 2025).
Al día siguiente, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (SUTUPOT) emitió un desplegado condenando los hechos difundidos en redes sociales y solicitando la aplicación del reglamento interno de la Universidad, así como del Código Penal del Estado de Hidalgo.
Pasaron los días. El estudiante fue suspendido de la Universidad y el profesor separado temporalmente de las clases. Luego vinieron las declaraciones en medios. El joven declaró ante la prensa que había sido víctima de diversas formas de acoso por su manera de hablar y expresarse. Las preguntas surgieron: ¿fue ese acoso la causa que detonó la agresión física? En caso afirmativo, ¿denunció esta situación ante la institución? Y si lo hizo, ¿fueron atendidas dichas denuncias por la Universidad Politécnica?
El conflicto no terminó con la absolución de cargos para el estudiante. El 4 de agosto, alumnos cerraron la Universidad y cubrieron la entrada con pancartas: “No más abusos”, “Fuera acosadores”, “Alto al acoso en la UPT” (La Jornada Hidalgo, 6 de agosto de 2025).
El problema del acoso escolar en la UPT parece salir a la luz pública. Dos hechos lo refuerzan: primero, que los demás estudiantes presentes en el aula no intervinieron para detener la agresión y, en cambio, la grabaron con sus teléfonos; segundo, que hubo una protesta estudiantil acompañada de un pliego petitorio para combatir el acoso de académicos y administradores.
En fechas recientes las autoridades educativas del estado reconocieron que “suman universidades de Hidalgo 61 casos de acoso y hostigamiento”, entre ellas politécnicas, tecnológicas, descentralizadas, la Intercultural y el Colegio de Hidalgo. Y el propio subsecretario de Educación Media Superior y Superior declaró que “los alumnos de la UPT solicitaron investigar seis casos específicos de docentes y coordinadores académicos” (Milenio, 6 de agosto, 2025). Por su parte, la UPT reconoció otros dos casos en revisión o con procedimientos ya iniciados ante la Secretaría de la Contraloría (Excélsior, 11 de agosto de 2025).
A casi un mes del problema, se tiene a un estudiante expulsado de la Universidad y ahora también se da a conocer que el maestro agredido fue dado de baja de la institución (Excélsior, 11 de agosto de 2025). ¿Decisión salomónica? Parece que no. Lo que tenemos de fondo y por resolver son instituciones de educación superior con problemas de acoso, hostigamiento y omisión, a pesar de contar con instancias y órganos que proclaman “cero tolerancia al acoso”. Profesores y administrativos han ejercido distintas formas de violencia escolar, y el estudiantado ha reaccionado de maneras diversas.
Es reto en las agendas institucionales y educativas, no permitir bajo ninguna forma la violencia escolar en las universidades. Atender este problema será clave para evitar que se repita en otros espacios educativos.
cesar-garcia.org
