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No pido que me den… sino que me pongan donde hay

Miguel Rosales
6 Min Read

Pido la palabra

Cada vez que concluye algún periodo de ejercicio de las administraciones municipales o de algún cargo público en general, normalmente nos encontramos con las versiones de los nuevos, en donde denuncian, algunos de hecho y otros de derecho, que los funcionarios salientes dejaron las arcas vacías, que el baúl del erario público fue saqueado de manera inmisericorde al grito de un hidalgo, es decir: “una mentada al que deje algo”. Pero hoy, pareciese que la estrategia se ha invertido; da la impresión de que el saqueo ya no puede esperar hasta el final del encargo público, no sea que alguien se les vaya a adelantar, por ello, y con las lagunas de la ley en las manos, nos enteramos por algún medio de comunicación que hay funcionarios públicos que se han servido con la cuchara grande, echando mano de los presupuestos para beneficios personales y no para las necesidades municipales.

Ya lo estamos viendo en algunos Estados de la República, sobre todo a los candidatos a quienes les están sacando sus ropitas al sol, y de quienes solo me nace hacer la siguiente pregunta de la época: ¿Quién pompó?.

No es cuestión de ver solo la bandera del Partido político, pues los abusivos los hay de todos los colores; debemos enfocarnos en la imperiosa necesidad de poner un “hasta aquí” a todas las ratotas que se cansaron de andar en dos pies y ahora gastan muchos pesos en sus comodidades personales, pues de repente les aparecen casas por todos lados, herencias de familiares ultra lejanos, o rentas de inmuebles con costos tan ínfimos que es obvio que algún favor debieron haber hecho para obtener ese beneficio.

Hoy la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, federal y estatales, permiten llevar a los abusivos a un Juicio Político que les cueste el puesto, y en los casos que proceda, incluso hasta la libertad; esta figura será procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; el segundo paso, sería ejercer una acción punitiva que sirva de escarmiento a los futuros funcionarios y servidores.

El problema es la pasmosa lentitud con la que se investigan este tipo de delitos, pues da la impresión de que el objetivo es que terminen sus mandatos y permitir que como por arte de magia desaparezcan del plano político, y de repente, ya nadie los encuentra, nadie sabe dónde están, se les escapan de las manos a las Autoridades, como agua en un jarrón que no tiene fondo, y se declara que todos andan en su búsqueda, pero lo real, es que nadie los encuentra y, en algunos casos, ni los encontrarán, a menos que de repente, al mejor estilo del pasado, se pretenda sirvan como distractor o como moneda de negociación política.

Lo cierto es que el erario público debe ser ocupado para satisfacer las necesidades propias de los estados y de los municipios, no para el dispendio salarial a cambio de la ineficacia tradicional de funcionarios que no funcionan.

No permitamos que el producto de nuestro trabajo entregado a las arcas, vía el pago de derechos e impuestos, sea llevado al cesto del dispendio de intereses personales. Lo lamentable es que la corrupción se ha convertido en un deporte nacional en donde todos los equipos tratan de llevarse la mejor tajada del premio mayor, y por ello, ya no piden que les den, sino que los pongan donde hay.  

No olvidemos el pensamiento de Benito Juárez cuando dictaba que: “los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”

Y a quienes tienen hoy día el altísimo privilegio de trabajar para alguno de los tres poderes del Estado, solo les recuerdo que no sigan pensando que lo merecen todo por el solo hecho de llevar el membrete de “funcionarios públicos”, cuando la Carta Magna les da el nivel que en realidad deben ejercer, el de SERVIDORES PÚBLICOS; no es un “favor que nos hacen” y que debe pagarse con monedas de oro; seguir pensando y ejerciendo esa actitud los convierte en abusivos del ejercicio del poder y como tal debe castigarse.

Las palabras se las lleva el viento, pero mi pensamiento escrito está.

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