AGENDA EDUCATIVA
En el ámbito nacional, la regulación de los teléfonos celulares en la escuela parece haber llegado a buen puerto, aunque todavía quedan dudas y pendientes. Durante los meses de julio y agosto, el tema estuvo en la agenda educativa del gobierno federal y de la SEP (21 de julio, 2026).
En este marco se desplegaron estrategias como los foros de consulta. El primer foro se llevó a cabo en Monterrey y se anunciaron otros en Quintana Roo y Puebla, también las autoridades educativas estatales fueron convocadas a organizar sus propias mesas de análisis (SEP, 19 de agosto de 2026).
Al mismo tiempo que se desarrollaban los foros, se preparó una encuesta para consultar a los docentes sobre este tema, que al final, dicen las autoridades educativas, participaron más de un millón de docentes. Sin embargo, la consulta no estuvo exenta de cuestionamientos. Diversos investigadores, maestros y organizaciones, como México Evalúa, señalaron observaciones sobre su diseño metodológico, formulación de las preguntas, implementación, así como la transparencia para sustentar una política de alcance nacional (La Jornada, 27 de agosto de 2026).
Pese a ello, la SEP anunció que los resultados de la consulta servirían como base para elaborar el Acuerdo Nacional. Este proceso culminó con la aprobación unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y, posteriormente, el 22 de septiembre, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo número 09/09/26, por el que se establecen los lineamientos para la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica del país. Su entrada en vigor está prevista para el 3 de noviembre de 2026 (Urrutia y Álvarez, 21 de septiembre de 2026).
Con esta regulación, el sistema educativo tiene un importante avance. Sin embargo, quedan dudas y pendientes. Una de ellas es conocer cuál será el alcance jurídico y operativo del Acuerdo y cómo se articulará con el marco normativo vigente (La Ley General de Educación). También quedan pendientes los estudios que permitan revisar su implementación y valorar sus efectos.
Por ende, será necesario saber si la regulación contribuye efectivamente a mejorar el aprendizaje, la salud y la convivencia escolar, o si sus efectos serán distintos según el contexto, el nivel educativo y las características de cada comunidad escolar. Regular el dispositivo constituye un primer paso; evaluar lo que ocurre después será indispensable para saber si la medida funciona.
Solo a partir de esa evaluación podremos pensar en estrategias y valorar si las alternativas de convivencia (jornada de juegos tradicionales) (SEP, 9 de septiembre de 2026) que promueve la SEP tendrán resultados sostenidos. El debate sobre los celulares en la escuela, por tanto, no termina con el Acuerdo Nacional. Apenas comienza una nueva etapa: la de su implementación, seguimiento y evaluación.
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