A menos de un mes para que se cumpla el plazo otorgado por la ley para que se realizara la transición de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a Fiscalía General, Octavio Magaña Soto, diputado local de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso que el plazo se extienda hasta febrero de 2025, bajo el argumento de que el tiempo contemplado en un primer momento ha sido insuficiente.
El diputado refirió que el pasado 22 de julio de 2022, se realizó la sesión de instalación de la Comisión Interinstitucional de Transición, en donde se aprobó la incorporación de los presidentes de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Hidalgo, como invitados permanentes de la comisión, y que fue a partir de la instalación dicha comisión cuando empezó a computarse el plazo de los dos años para la ejecución de la transición.
Por lo anterior, presentó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo cuyo objetivo es ampliar el plazo de la transición de la Procuraduría a la Fiscalía en el Estado de Hidalgo hasta febrero de 2025 y que se pueda consolidar la conclusión de dichos trabajos.
“Se debe tener presente que el plazo de dos años no es suficiente para transformar a la Procuraduría General de Justicia de nuestra entidad en Fiscalía General” dijo y agregó que la persona que ostente el cargo de titular de la Procuraduría General de Justicia y se encuentre en funciones al momento de la publicación del decreto, dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá integrar una Comisión Interinstitucional de Transición.
Finalmente, apuntó que esa comisión de transición tendrá a su cargo planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta implementación del decreto, el análisis integral del personal, así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas, hasta la conclusión de dicha transición, que deberá concretarse a más tardar el 28 de febrero de 2025.
