IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
En los últimos años, América Latina y el Caribe han avanzado en la implementación de medidas para garantizar los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género, en línea con compromisos internacionales como el Consenso de Montevideo. No obstante, persisten desigualdades de género y desafíos en la aplicación de políticas públicas.
Se analizan tres dimensiones clave: mecanismos institucionales para el desarrollo con igualdad, participación de las mujeres en el mercado laboral y violencia de género. Entre 2018 y 2023, se reportaron 218 acciones relacionadas con estas dimensiones en 28 países, las medidas prioritarias más implementadas se centran en formular políticas con perspectiva de género que aseguren la autonomía de las mujeres y la igualdad, y en promover la igualdad laboral y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
El Segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo informa el abordaje de los mecanismos institucionales para fortalecer la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en América Latina y el Caribe; en las últimas décadas, ha habido un aumento en los acuerdos para mejorar la institucionalidad en este ámbito.
En 2023, de 20 países de América Latina, 14 tienen mecanismos de alto nivel equivalentes a ministerios, mientras que en el Caribe, solo dos cuentan con este tipo de mecanismos. Se ha observado un avance en la creación y fortalecimiento de estos mecanismos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá.
Además de los progresos institucionales, el financiamiento público es crucial para implementar políticas efectivas de igualdad de género. Algunos países han avanzado en la inclusión de enfoques de género en sus presupuestos, como Argentina y Honduras. La participación de mujeres en la toma de decisiones también es un tema destacado, aunque persisten barreras que limitan su acceso.
A pesar de que se han implementado leyes de cuotas y reformas para promover la paridad, la representación femenina en cargos de decisión sigue siendo baja, con un promedio de 30 puntos en la tasa porcentual en procesos de adopción de decisiones públicas.
El informe también menciona que, en 2023, todos los países de la región ratificaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque 18 aún no han firmado el Protocolo Facultativo. Por último, se destacan diversas iniciativas en varios países para avanzar hacia la paridad de género en la política, como las reformas en Argentina, Bolivia, Chile y México, que buscan incrementar la representación femenina en cargos públicos y la eliminación de la violencia política de género.
Por otra parte, la violencia de género es una manifestación de las desigualdades históricas entre mujeres y hombres, por lo que se buscan establecer mecanismos de protección contra el hostigamiento y acoso sexual, erradicar todas las formas de violencia, promover la justicia con perspectiva de género y ofrecer atención especializada.
En América Latina y el Caribe, se estima que una de cada cuatro mujeres de 15 a 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. El feminicidio es la forma más extrema de esta violencia, y se han implementado indicadores para dar seguimiento a las medidas de erradicación.
En México, se han establecido diversas leyes y programas para combatir la violencia de género. A nivel laboral, 11 países han ratificado el Convenio sobre Violencia y Acoso de la OIT. Se han implementado acciones en varios países como Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Trinidad y Tobago para prevenir y abordar el acoso y la violencia en el trabajo. En general, se están tomando medidas para abordar la violencia de género en múltiples contextos y poblaciones.
