El Gobierno de Australia condenó este lunes el apoyo mostrado a Hizbulá por parte de algunos asistantes a las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar la víspera en varias ciudades del país, entre ellas Sídney y Melbourne, para reclamar un alto el fuego en Gaza y Líbano.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó hoy que se han visto algunos “signos preocupantes” durante estas manifestaciones, al tiempo que rechazó la importación a su país de “ideologías radicales y conflictos”, según la transcripción de su discurso difundida por su gabinete.
“Condenamos cualquier indicio de apoyo a una organización terrorista como Hizbulá. No solo amenaza la seguridad nacional, sino que alimenta el miedo y la división en nuestras comunidades”, remarcó hoy la ministra de Exteriores, Penny Wong, en su cuenta X.
Albanese y Wong aludían al avistamiento en las manifestaciones del domingo tanto de un número reducido de banderas de Hizbulá como de carteles con fotos del clérigo libanés Hassan Nasrallah, uno de los fundadores de la milicia, quien murió el sábado a raíz de un ataque aéreo de Israel.
La Policía del estado australiano de Victoria, cuya capital es Melbourne, informó hoy a EFE en un comunicado de que “es consciente de que se vieron banderas prohibidas” en la protesta realizada ayer en la ciudad de Melbourne, aunque “no se produjeron detenciones”.
“Se remitirá el caso a la Policía Federal Australiana, que es el organismo competente” para investigar la exhibición de “símbolos prohibidos”, señaló la fuerza de seguridad de Victoria, el segundo estado más poblado del país.
Por su lado, la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney y es la jurisdicción más poblada del país, dijo a EFE que “aún está realizando investigaciones respecto a la protesta” en la que supuestamente hubo carteles con las imágenes de Nasrallah.
Hizbulá está incluida desde 2003 en la lista de organizaciones terroristas de Australia, donde el despliegue público de cualquier símbolo de una organización terrorista o que denigre a otro por motivos como su raza, color, orientación sexual, religión, opinión política, entre otros, acarrea una pena de un año de cárcel.
