Francisco Javier Téllez Sánchez, diputado local de la fracción del Partido del Trabajo (PT) señaló que la dispersión de esfuerzos, la falta de articulación entre niveles de gobierno y la limitada incorporación de evidencia técnica en la toma de decisiones han sido factores que históricamente han reducido la efectividad de la política social en Hidalgo lo que obliga a replantear el marco normativo que la rige.
Por lo anterior, propuso una reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo cuyo objetivo dijo: “es fortalecer la eficacia, coherencia y transparencia de la política de desarrollo social en el estado de Hidalgo, mediante la incorporación de criterios que permitan una mejor articulación entre los distintos órdenes de gobierno y una toma de decisiones sustentada en información verificable”.
El diputado consideró que la política de desarrollo social se encuentra en un momento que exige no sólo continuidad en los esfuerzos institucionales, sino una transformación “profunda” en la manera en que se diseñan, implementan y evalúan las acciones públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.
Destacó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) en el año 2024 el 35.3 por ciento de la población hidalguense, se encuentra en situación de pobreza lo que equivale a más de 1.14 millones de personas, mientras que alrededor de 182 mil personas viven en condiciones de pobreza extrema.
Y aunque reconoció que el indicador ha disminuido en los últimos años, aseveró que se debe reconocer que la magnitud del desafío social es profundamente significativa todavía y que esto “evidencia que aún existen brechas estructurales que deben ser atendidas con mayor eficacia y precisión”.
“Se busca consolidar un modelo de planeación más riguroso, con mecanismos claros de seguimiento y evaluación que garanticen que los programas sociales respondan a las necesidades reales de la población, particularmente desde el ámbito municipal, promoviendo diagnósticos territoriales más precisos, una participación social organizada y esquemas efectivos de rendición de cuentas”, concluyó.
