La firma automotriz Volkswagen de México informó este viernes que llevará cabo un ajuste en las capacidades de producción de su planta del estado de Puebla, centro del país, frente a un «contexto desafiante» para la industria automotriz en América del Norte y el mundo.

En un comunicado de este viernes, la firma automotriz indicó que frente a un «contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica», Volkswagen de México «ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave».

Explicó que dicho ajuste «se aplicará en el segmento de producción dedicado a los modelos Tiguan y Jetta», esto «a través de la supresión indefinida de uno de los tres turnos de producción».

La empresa señaló que asume «esta difícil pero necesaria medida apegados a lo que establece la ley» y aunque no precisó cuántos trabajadores podrían ser afectados, medios de Puebla han señalado que el turno que posiblemente sea eliminado es el del horario nocturno, y que la decisión podría afectar a unos 1.300 trabajadores.

El pasado 7 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México informó que la producción de vehículos ligeros en México cayó el 2,19 % interanual en julio, hasta las 302.673 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron el 9,69 %, a 261.534 unidades.

El resultado implicó 6.780 vehículos menos fabricados frente a julio de 2025, cuando se produjeron 309.453 unidades, y 28.064 exportaciones menos respecto a las 289.598 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

La caída en la exportación del sector, la mayor industria del país, ocurre en medio de la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y componentes para automóviles por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

El desplome también se da en medio de una reconfiguración industrial, luego de que la firma Toyota comenzara a trasladar parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos y de que General Motors adaptara su planta en Ramos Arizpe, estado de Coahuila (norte) para modelos compactos.

Decenas de pacientes, familiares y activistas marcharon este viernes por el Centro Histórico de Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia, tras lo que el Gobierno capitalino se comprometió, según los organizadores, a dar prioridad al debate de la denominada ‘Ley Trasciende’, que busca garantizar el derecho a una muerte digna.

La propuesta legislativa, impulsada por la activista y paciente terminal Samara Martínez y respaldada por investigaciones y más de 200.000 firmas, busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico-degenerativos en etapas avanzadas o terminales.

Durante la jornada, los manifestantes se movilizaron hacia las oficinas de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México para sostener un encuentro con la mandataria capitalina, Clara Brugada, a quien entregaron el expediente para impulsar el proyecto a nivel local.

Tras concluir el encuentro, Martínez aseguró que Brugada les expresó su respaldo para avanzar en la discusión.

“Nos dijo que no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo”, afirmó la activista ante los asistentes.

Martínez agregó que existe el compromiso de establecer una ruta de trabajo y señaló que la capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo antes de que el calendario electoral frene los debates.

Durante el recorrido, los legisladores locales Xóchitl Bravo y Fernando Zárate recibieron también el paquete de iniciativas para iniciar su análisis en las próximas sesiones.

La eutanasia, prohibida en México

Actualmente, el marco legal mexicano permite la voluntad anticipada, un mecanismo mediante el cual los enfermos terminales pueden rechazar tratamientos destinados a prolongar la vida, pero prohíbe provocar deliberadamente la muerte mediante la eutanasia activa.

A lo largo de la movilización, los asistentes avanzaron con pancartas y consignas como “¡Muerte digna ya!”, “Mi cuerpo, mi vida, mi libertad” y “Hay una opción y es mi decisión”.

Víctor Cristóbal, diagnosticado con cáncer en el sistema linfático, explicó a EFE el impacto que tiene para los pacientes no disponer de esta posibilidad.

“Los tratamientos son muy dolorosos (…) me gustaría que la gente pudiera terminar su ciclo sin dolor, tranquila y rodeada de su familia”, expresó.

“Es un bien para todos y es un poder de decisión para todos, no es justo ni válido vivir con dolor”, declaró Ana Grimaldo, otra de las asistentes a la movilización.

El debate sobre la eutanasia llegó en abril pasado hasta el Gobierno federal, cuando la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, consideró que se trata de un asunto complejo que “tiene que discutirse socialmente” y planteó la necesidad de abrir una discusión amplia entre la ciudadanía y los sectores involucrados.

Para reforzar la coordinación entre el Gobierno, distintas agencias, los 32 estados del país, la academia y productores, y pasar de una emergencia a una campaña nacional de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), México instaló este viernes un consejo técnico-científico.

En un comunicado, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) señalaron que este Consejo busca «fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales en favor de la ganadería, el sustento de millones de familias productoras y el abasto nacional de alimentos».

La medida responde a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales, la academia y el sector productivo a partir de la evidencia científica, agregaron.

El pasado 25 de agosto, México reanudó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, en el norteño estado de Sonora, con un primer envío de 750 cabezas que aumentará gradualmente hasta 1.500, informó Agricultura de México.

El reinicio de operaciones se produjo a través del corredor fronterizo de Agua Prieta con Douglas, Arizona, después de unos catorce meses de restricciones aplicadas como parte de las medidas para contener el avance del gusano barrenador.

Sonora y Chihuahua fueron considerados los primeros estados en condiciones de retomar los envíos por su menor riesgo sanitario, aunque la reapertura ocurre días después de que Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador desde el inicio de la emergencia zoosanitaria en noviembre de 2024.

El caso dejó a Baja California y Baja California Sur como las únicas dos regiones mexicanas sin presencia reportada de la plaga, que se ha extendido a treinta de los 32 estados.

Hasta el 23 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabilizaba 39.470 casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 1.937 permanecían activos.

En el comunicado de hoy se apuntó que funcionarios e investigadores seguirán buscando fortalecer la estrategia que opera Agricultura, a través del Senasica, desde hace casi dos años.

Se precisó que la instalación del Consejo Técnico-Científico fortalecerá la coordinación entre instituciones, las campañas de comunicación y concientización, la cooperación internacional y la investigación y transferencia de tecnología.

Entre las líneas prioritarias está el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y diagnóstico; la detección temprana de casos y el análisis de la dinámica poblacional de la plaga.

Además, la evaluación y desarrollo de nuevos métodos de prevención; el control y erradicación; estudios de genética y biotecnología, y el desarrollo de tecnologías y herramientas de inteligencia artificial (IA).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes los resultados del examen de control presencial para el ingreso a licenciaturas 2026-2027 que realizó tras las irregularidades que detectó, entre ellas el uso de inteligencia artificial (IA), durante el examen que llevó a cabo en línea.

En un comunicado emitido este viernes, la UNAM precisó que para este ciclo escolar recibirá a 49.074 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ese total, 28.151 ingresarán a través del pase reglamentado, vía mediante la cual estudiantes de nivel medio superior de la misma UNAM, avanzan a una licenciatura sin presentar un examen de admisión, y 20.923 mediante el concurso de selección.

La institución publicó los resultados de la aplicación del examen de control presencial y dijo que a partir de esta noche los resultados están a disposición de los aspirantes en la página www.dgae.unam.mx de la Dirección General de Administración Escolar.

La institución invitó a los aspirantes seleccionados a consultar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida. Este grupo de estudiantes iniciará su semestre el 31 de agosto de 2026.

Este viernes un juez de control determinó iniciar una investigación por el delito de fraude en contra de dos hombres, quienes presuntamente participaron de manera fraudulenta en el examen de admisión en línea de la UNAM.

El pasado 25 de agosto la Fiscalía de la Ciudad de México indicó que los hombres fueron detenidos por presuntamente cobrar a aspirantes para presentar en su lugar el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, esto en medio de las investigaciones por el uso de inteligencia artificial (IA) y otras irregularidades detectadas en la polémica prueba en línea.

Los detenidos, identificados como Edgar ‘N’ y David ‘N’, son investigados por el delito de fraude, explicó ese día la Fiscalía.

Los acusados fueron detenidos el martes, y de manera simultánea se llevaron a cabo cuatro revisiones oficiales en inmuebles relacionados con la investigación, apuntó la autoridad.

La detención ocurre después de que la UNAM, la mayor universidad pública del país y una de las mayores de Latinoamérica por número de estudiantes, unos 350.000, concluyera el examen presencial de control que organizó para miles de aspirantes a licenciatura después de detectar irregularidades, entre ellas posibles trampas con IA y resultados atípicos, en su primer proceso de admisión completamente en línea.

La universidad convocó a cerca de 38.000 aspirantes a repetir presencialmente la prueba entre el 12 y el 19 de agosto, tras suspender temporalmente las inscripciones y rescindir el contrato con la empresa responsable de la plataforma utilizada en el examen digital.

El Gobierno mexicano confirmó este sábado que los tres drones derribados esta semana por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con México eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades y precisó que fueron neutralizados en territorio estadounidense.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos durante las noches del 25 y 26 de agosto.

Los dispositivos, “con características comerciales”, eran “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”, indicó la dependencia en un comunicado.

La Defensa precisó que los hechos ocurrieron en “territorio soberano” de Estados Unidos y en el contexto de las denominadas operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos despliegues, que comenzaron el 5 de febrero de 2025, consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, para combatir principalmente el tráfico de armas y drogas.

La información mexicana complementa la difundida el viernes por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos, que revelaron que los aparatos fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.

La operación, realizada cerca de la frontera entre Texas y México, marcó la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó ese sistema para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur.

Las autoridades estadounidenses habían clasificado los aparatos como una amenaza para su personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió entonces de que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos.

Taylor agradeció además la cooperación del Ejército mexicano en el operativo.

La precisión de Defensa sobre el lugar donde fueron derribados los drones ocurre en un contexto de especial sensibilidad en México ante las operaciones estadounidenses contra los carteles.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano y ha advertido de que supondría una violación de la soberanía nacional, al tiempo que defiende la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países.

La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, en medio de las presiones de Washington a México para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.

El Gobierno mexicano detectó que 40.628 personas registradas como desaparecidas o no localizadas realizaron trámites o actividades posteriores a la fecha en que se reportó su desaparición, aunque hasta ahora solo 6.939 de esos casos cuentan con un reporte de localización.

Los datos forman parte de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas legales aprobadas en julio de 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que el Gobierno incorporará a diez especialistas nacionales y extranjeros en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación para revisar técnicamente las bases del registro y los procesos de búsqueda.

La existencia de una actividad posterior al reporte, explicó la Secretaría de Gobernación (Segob), no implica por sí misma que una persona haya sido localizada, por lo que las autoridades deberán verificar las coincidencias y determinar la situación de cada caso.

La revisión forma parte de diez acciones con las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca mejorar la calidad de la información sobre desaparecidos, acelerar las búsquedas y enfrentar el rezago forense.

Más de 6.000 localizaciones

Según los datos presentados por la Segob, durante los últimos dos meses las autoridades federales y estatales consiguieron 3.039 localizaciones mediante mecanismos de búsqueda generalizada.

A ellas se suman 2.572 personas localizadas en los últimos seis meses a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.