El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó el pasado jueves con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país.

«Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy», declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando las risas de los presentes en el encuentro.

El mandatario hizo este comentario tras asegurar que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 03 de enero es «increíble» y que incluso él es «la persona con mayor índice de aprobación» en el país suramericano.

El presidente aseguró además que Estados Unidos obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro y que tanto Estados Unidos como Venezuela «han ganado mucho dinero».

Acto seguido, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien estuvo recientemente en Caracas, aseguró que Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven «como Simón Bolívar» y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.

En la misma reunión de gabinete, Trump dijo que Maduro, que enfrenta este jueves su segunda audiencia ante la Justicia en Nueva York, solo está siendo procesado por «una fracción» de los delitos que cometió y que habrá más juicios.

El pasado jueves está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana para preparar la reapertura de la embajada del país suramericano en Estados Unidos después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 2019.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado jueves ampliar por 30 días más el régimen de excepción para combatir a las pandillas, con lo que la polémica medida, implementada desde el 27 de marzo de 2022, cumplirá cuatros años de vigencia entre la aceptación de buena parte de la ciudadanía y denuncias de violaciones a derechos humanos.

Esta nueva prórroga supone la 49 aprobada sucesivamente por el Congreso y amplia la medida -inicialmente avalada como extraordinaria pero que se ha vuelto permanente- hasta el 30 de abril del presente año.

La justificación para la ampliación, aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el órgano Legislativo, es «la aún existencia de grupos terroristas» que «de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos», según el decreto leído durante sesión plenaria.

Se señaló que «si bien las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado, que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 91 mil 650 terroristas, es necesario prolongar dicho régimen de excepción».

Además, se apuntó que «la Policía Nacional Civil continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas y así interviniendo oportunamente su pretensión de continuar ejecutando los delitos que por muchos años negaron la paz y la tranquilidad de los salvadoreños».

«El régimen de excepción, cuyo efecto ha sido preciso y con una dirección estratégica clara, continúa siendo fundamental para combatir el fenómeno criminal de la estructuras organizadas radicadas en todo el territorio nacional», contempla el decreto.

El régimen de excepción contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

En el contexto de este régimen, organizaciones humanitarias han documentado al menos 6 mil 889 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98 por ciento corresponde a detenciones arbitrarias; además, agentes de la Policía estarían implicados en el 75 por ciento de los abusos.

Además, se reporta la muerte de más de 500 detenidos bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.

Este estado, que cuenta con el respaldo de cerca del 85 por ciento de la población, cumple cuatro años de vigencia pocos días después de que un informe elaborado por expertos internacionales señalara que, en el marco de la medida, se habrían cometido violaciones de derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

Los transportistas de las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto suspendieron el pasado jueves la huelga indefinida que realizaban desde la víspera, tras acordar con el Gobierno la verificación de la calidad del combustible para evitar que se sigan vendiendo carburantes presuntamente contaminados que han dañado a miles de vehículos.

El acuerdo fue firmado tras el diálogo sostenido entre los dirigentes de las distintas federaciones de transportistas del departamento de La Paz y los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo; Obras Públicas, Mauricio Zamora; Economía, José Gabriel Espinoza; Gobierno (Interior), Marco Oviedo, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Medinaceli precisó a los medios que se acordó conformar una comisión con los transportistas para verificar en los países de origen de los carburantes, en la planta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en El Alto y en las estaciones de servicio que la calidad del combustible «es la que se requiere».

También acordaron que el resarcimiento del Estado a los propietarios de vehículos que reportan daños a causa del combustible contaminado «sea por más de una vez» y «sea de forma inmediata».

Finalmente, Medinaceli indicó que «se garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión de los sectores del autotransporte» en el departamento de La Paz, lo que fue ratificado por el dirigente Edson Valdez.

Valdez destacó que la huelga indefinida se levantará «con la aquiescencia de todas las federaciones» y sostuvo que los ministros son «la garantía para dar la solución a los problemas» que hubo «por la mala calidad del combustible».

«Está en manos de ustedes el cumplimiento del acuerdo que hoy día estamos firmando. De no ser así, vamos a seguir con las medidas de presión», advirtió el dirigente.

Los transportistas pararon y realizaron bloqueos callejeros en La Paz y El Alto desde el miércoles para exigir una reunión con el presidente del país, Rodrigo Paz, además de las renuncias de Medinaceli, del presidente de YPFB, Yussef Akly, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Según información oficial, Bolivia importa casi el 100 por ciento de diésel y el 60 por ciento de gasolina para su mercado interno, desde países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay y EE.UU..

Más de 10 mil personas han presentado reclamos formales ante YPFB por los daños en los motores debido a la mala calidad de la gasolina, que, según la empresa estatal, tiene elevados niveles de goma y manganeso.

Los daños reportados por los transportistas y usuarios particulares están entre los 100 y 5 mil dólares en el mantenimiento y la compra de piezas nuevas para reemplazar las afectadas.

YPFB informó que ha pagado indemnizaciones por 357 mil dólares y seguirá haciendo las compensaciones en abril.

A principios de mes, el presidente Paz atribuyó los problemas con el combustible a un «sabotaje» realizado por «estructuras organizadas» en las gestiones pasadas y ordenó el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de la petrolera estatal.

El miércoles, el Gobierno informó sobre la detención de un conductor de un camión cisterna que trató de ingresar diésel contaminado a una planta de refinación y anunció que se investiga si hay una red que estaría manipulando el combustible.