El tenso altercado que protagonizó el presidente de Chile, José Antonio Kast, con una mujer que lo llamó demagogo se viralizó en las últimas horas, despertando reacciones más allá del país, como la del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

En un video que se difundió en las últimas horas en redes sociales, el mandatario ultraderechista se encuentra saludando a un grupo de ciudadanos en el sur del país, antes de un acto oficial en la ciudad de Villarica, y se enfada con un menor que le niega la mano.

Kast, visiblemente molesto, le desea suerte en la escuela «para que tenga mucha educación» y aprenda que «lo cortés no quita lo valiente» y se enfrasca luego en una discusión de varios minutos con la madre del menor.

«Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene consciencia», le dice al gobernante la mujer, que acto seguido lo llama «demagogo».

El abogado ultracatólico, de 60 años, le responde que «está trabajando para recuperar el orden y la libertad» y le pide que no use a su hijo para protestar contra el Gobierno, que ha aplicado recortes millonarios desde que llegó al poder en marzo pasado.

«Usted es un nazi, tiene a los viejitos sin pensiones, a los niños les está quitando las raciones escolares», agrega la mujer, en referencia al pasado nazi del padre del Kast.

Antes de retirarse, el gobernante le desea «fuerza» al joven y se dirige al resto de ciudadanos: «¡Viva la libertad, jóvenes!», un eslogan que popularizó su principal aliado en la región, el presiente de Argentina, Javier Milei.

El vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, intentó quitarle importancia al altercado y aseguró este viernes que la mujer «se excedió en sus comentarios» y el mandatario se limitó a pedirle «respeto».

«He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al Presidente. Es una persona cercana, que recibe mucho afecto. Siempre está disponible a escuchar a las personas», agregó.

El video, sin embargo, generó críticas en la clase política y medios locales señalan que no hay registros de que otros mandatarios hayan reaccionado así a protestas de ciudadanos.

La excandidata de la izquierda en las elecciones del pasado diciembre, Jeannette Jara, quien perdió contra Kast por amplia mayoría, calificó el enfado de «muy inadecuado» y le pidió «estar a la altura del cargo».

«El presidente Kast dio cuenta de lo que es: una persona prepotente», añadió la exministra comunista del anterior Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

También cuestionó el comportamiento del gobernante Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio -el partido de Boric-, que lamentó que Kast «no ha entendido que es el presidente de todos y no de una barra brava».

En el plano internacional, también se hizo eco del video el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aseguró que esa forma de ejercer el poder representa una corriente política que busca «dominar» América Latina.

«Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos», indicó en su cuenta de X.

Tras el altercado, el cuerpo policial de Carabineros realizó un control de identidad a la mujer y constató que tenía dos órdenes de detención vigentes por presunta estafa, por lo que fue arrestada y trasladada a una comisaría.

La Administración del Canal de Panamá celebró este viernes el décimo aniversario de la ampliación de la vía, una década que estuvo marcada por una severa sequía que obligó a reducir el tránsito diario en 2023, la pandemia de la Covid-19 en el 2020 y varios conflictos internacionales.

«El agua sigue siendo el problema, esta es una organización y esto es una operación que depende de la lluvia, eso no lo controlamos, tratamos de manejar lo mejor (posible)», dijo a los medios de comunicación el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, próximo a salir del cargo para ser sustituido por Ilya Espino, actual subadministradora.

En 2023, una severa sequía producto del fenómeno ‘El Niño’ bajó a niveles mínimos el agua de los lagos que surten al Canal de Panamá, obligando a la vía a reducir escalonadamente a 22 el número de buques diarios en tránsito de los 36 que cruzan en condiciones óptimas.

A ello, añadió Vásquez, se sumó la pandemia de la Covid-19 en 2020: «Eso cambió radicalmente la forma en que tuvimos que organizarnos para poder tener la operación continua, que es una responsabilidad que nosotros tenemos por tratado y por constitución».

Además de los conflictos bélicos internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la guerra de Israel en Gaza, que afectaron a los «patrones de comercio» del Canal de Panamá en medio de la «carestía de agua», según el administrador canalero.

«Hemos reinventado el negocio para poder seguir dando los resultados al país a pesar de esas condiciones adversas», sustentó.

Para conmemorar el aniversario del canal ampliado, la administración de la vía celebró un escueto evento en las esclusas de Cocolí (Pacífico) con la presencia de trabajadores para homenajear sus labores.

El 26 de junio de 2016 fue inaugurado un tercer juego de esclusas del Canal de Panamá en Agua Clara (Atlántico) y Cocolí para buques más grandes que los que cruzan los carriles centenarios. Diez años después de ese hito, la vía ha superado expectativas y multiplicado sus ingresos.

En concreto, ese crecimiento de los ingresos del Canal ha permitido, junto con una serie de modificaciones en el cobro de varios servicios, cifras históricas como la del año fiscal 2025, cuando la vía logró ingresos de 5.705 millones de dólares, un 14,4 % más que el período anterior.

La construcción de las esclusas estuvo a cargo del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr e integrado por la italiana WeBuild (antes Impregilo), la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana SA (Cusa), con un coste de 5.250 millones de dólares.

La Guaira colapsó este viernes entre la gente que llegó con alimentos y herramientas dispuesta a ayudar y el desesperado llamado de los afectados para el envío de maquinarias que permitan la remoción de escombros tras los dobles terremotos que afectaron el miércoles a Venezuela.

El caos que ya vivía esta ciudad se agudizó con la llegada de cientos de vehículos y motos de particulares que cargaban desde distintos estados, principalmente desde la ciudad de Caracas, ayuda humanitaria.

Al mismo tiempo arribaba más personal de rescate con apoyo internacional y maquinaria.

Sirenas de emergencia, sonidos de motores de motos, bocinas, gritos y hasta llamados al silencio se mezclaban en el ambiente.

El tráfico se detenía absolutamente cada tanto porque al mismo tiempo, en algunas zonas, la maquinaria empezaba a trabajar y los equipos de rescate pedían silencio para ver si lograban escuchar a posibles sobrevivientes más de 48 horas después de la tragedia.

La situación llevó a que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunciara la restricción del acceso a ese estado, cuya militarización fue ordenada horas antes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Era tal el tumulto que algunos de los donantes espontáneos empezaron a devolverse en medio del colapso.

Más temprano, en la misma vía, un grupo de rescatistas mexicano empezó su labor en varias estructuras desplomadas.

«Silencio total», pedía a gritos un rescatista del Ejército de mexicano que intentaba escuchar si habían sobrevivientes.

Consiguió por unos minutos el silencio y con todas las fuerzas de sus pulmones dijo: «Somos rescatistas del Ejército mexicano; si hay alguien ahí, pegue un grito ahora».

Acercó la oreja a los escombros, pero no alcanzó a oír nada. El equipo que lo acompañaba rastreó el lugar con unos tres pastores alemanes que traían consigo.

Minutos antes en esa zona trabajaba una máquina retirando escombros, la única que había llegado a ese lugar hasta el momento, según Bárbara Palacios, quien perdió a su esposo en esa estructura.

Palacios se quejaba con EFE por el retraso de la ayuda y consideró que la maquinaria debía haber llegado el jueves, un día después de los sismos que estremecieron el centro del país.

«La mejor ayuda que nos ha llegado hasta ahora es esta, la maquinaria», afirmó.

Caída la noche, en la comunidad de Los Corales, otro grupo de civiles removía escombros con ayuda de maquinaria y un grupo de rescatistas.

«Necesitamos un carro que alumbre!», gritaban decenas de personas que intentaban sacar los cuerpos de unos niños atrapados entre los restos de un edificio.

Los presentes, esperanzados en que los pequeños estén con vida, reclamaban la presencia de un médico. De la nada, un galeno acudió al llamado.

Sin embargo, el proceso de rescate, entre palas, esmeriles y otras herramientas, llevó más tiempo del esperado y alimentaba el temor de algunos de que los chicos no lograrán sobrevivir. Unos cien metros más atrás la escena se repite.

El doble terremoto del pasado miércoles deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.

Venezuela afrontó este viernes su tercer día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del pasado miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.

En paralelo, miles de civiles se movilizaron con suministros de ayuda hacia el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos. La masiva afluencia de vehículos provocó este viernes el colapso del tráfico en las principales vías de acceso.

El Gobierno anunció la restricción del ingreso al estado, a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT) de este viernes, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que La Guaira se encuentra militarizado.

Al menos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

Saqueos y angustia

El estado La Guaira, declarado zona de desastre por Delcy Rodríguez, ha estado marcado por la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos y por la escasez de alimentos y productos básicos, lo que ha desembocado en saqueos, presenciados por EFE en al menos tres comercios.

Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar han usado herramientas propias para escarbar entre las ruinas y han advertido que necesitan ayuda para hallar a sus familiares y allegados.

«Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable», manifestó a EFE José Ramírez.

Por su parte, en la población de Playa Grande, Pedro Luis Pérez, de 41 años, aseguró que le han exigido el pago de los servicios en un hospital público, donde escasean los insumos médicos, como fruto de la crisis económica en el país.

Pérez permanece en un refugio frente a un edificio casi derrumbado, donde tiene a tres familiares sepultados entre los escombros.

En Caracas, donde se han desplomado varios edificios mientras que otros han sufrido el desprendimiento de paredes, la angustia se ha trasladado a los hospitales, parada obligatoria de quienes buscan a sus parientes heridos o fallecidos.

A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como de aquellos que ya fueron estabilizados y han pasado al área de hospitalización.

La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas y en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, respectivamente, provienen de La Guaira, y presentan traumatismos en la parte inferior de su cuerpo, así como en el cráneo, según dijo a EFE la enfermera Yusmery Álvarez.

Muertes de extranjeros

Gobiernos de diferentes países han informado sobre el fallecimiento de sus connacionales, entre ellos cinco españoles, según el más reciente balance del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que también indicó que hay al menos 119 desaparecidos.

Por su parte, Portugal confirmó veintiocho portugueses y lusodescendientes fallecidos en Venezuela tras los terremotos, mientras que Chile y República Dominicana reportaron un connacional fallecido.

En paralelo, México informó este viernes que repatriará a veintiséis connacionales que desean regresar voluntariamente al territorio mexicano, mientras el Gobierno de República Dominicana evacuó de Venezuela a doce jugadores dominicanos de varios de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

Ayuda internacional

Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

«Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas», detalló Rodríguez en su cuenta de Telegram.

La líder chavista se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y EE.UU. llegaron en las últimas horas a Venezuela y se espera la llegada de un grupo de Alemania e Italia, dijo la presidenta encargada.

Críticas de la oposición

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

«Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud», subrayó la PUD -en un comunicado compartido en X-.

A juicio del bloque, la «insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta» ha obligado a «miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa».

La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes la constitucionalidad del más reciente estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios del país andino con altos niveles de violencia y criminalidad.

La medida, declarada el pasado 16 de junio, rige por sesenta días en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí; Santa Elena; El Oro, fronteriza con Perú; y Esmeraldas, que limita con Colombia, que son clave en la ruta que usan las organizaciones criminales para enviar droga hacia Norteamérica y Europa.

El estado de excepción también está vigente en las provincias tropicales Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las andinas Azuay y Pichincha, cuya capital es Quito, y en la amazónica Sucumbíos, fronteriza también con Colombia; así como en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

El estado de excepción suspende la inviolabilidad del domicilio, que permite a las fuerzas de seguridad ingresar en viviendas privadas en caso de sospechar que dentro se lleven a cabo actividades ilícitas, y también de correspondencia, medidas que los jueces determinaron que eran constitucionales.

La Corte también avaló la intervención de las Fuerzas Armadas en las provincias donde rige el estado de excepción. A cuatro de las más violentas (Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos) el Gobierno envió la semana pasada 13.000 soldados para reforzar las operaciones contra el crimen organizado.

Sin embargo, el alto tribunal le recordó al presidente que las actuaciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben «respetar el ordenamiento jurídico aplicable; y, los derechos humanos de toda la población».

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la existencia de al menos cincuenta casos de presuntas desapariciones forzadas a manos supuestamente de las fuerzas de seguridad, perpetradas durante los sucesivos estados de excepción decretados en el marco del «conflicto armado interno», declarado por Noboa en 2024 para intensificar la lucha contra el crimen.

Pese a esas medidas, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar 9.282 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.