Una sangrienta jornada en el Líbano con al menos 47 muertos por los ataques israelíes lanzados este viernes contra este país ha precedido un nuevo alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, pese a que la tregua en vigor entre Washington y Teherán ya contemplaba el cese de hostilidades en el país mediterráneo.

Desde la medianoche, Israel se ha enzarzado contra el sur del Líbano, especialmente contra las poblaciones de Harouf y Haboush, con 9 y 7 muertos, respectivamente, mientras que al menos dos niños han perdido la vida en Doueir y Arab Salim, también en el sur, de acuerdo con un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

Estas acciones coincidieron con ataques de Hizbulá contra las tropas israelíes antes del amanecer, con el argumento de actuar «en defensa propia» después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país, y en los que murieron cuatro soldados.

Un nuevo alto el fuego

Según los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citaron a «un alto funcionario israelí» y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales, Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde.

La fuente israelí expresó que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: «Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel», detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

Igualmente, según constató EFE desde la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, los bombardeos continuaban, al tiempo que las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá se activaron esta tarde en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado ante esta nueva tregua.

Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su «misión» en el Líbano «hasta que se les ordene lo contrario».

Esta misma mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado que Israel permanecerá en la «zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte».

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz entre EE.UU e Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Estados Unidos, país que ha advertido a Israel de que tiene «respetar» el proceso de paz.

Desde que Hizbulá entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra este país, el pasado 28 de febrero, un total de 3.980 personas han muerto y 12.001 han resultado heridas, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud Pública libanés.

Un éxodo del sur a Beirut

Debido a los ataques de esta jornada contra el sur del Líbano, centenares de vehículos colapsaron la carretera que une la ciudad meridional de Sidón con Beirut.

«Pensábamos que hoy sería un día tranquilo y quisimos volver a nuestra tierra, aunque nos dijeron que no regresáramos todavía», dijo a EFE Ahmed (nombre ficticio), en su coche de regreso hacia su hogar temporal en Baakleen, una pequeña localidad entre Sidón y Beirut.

Ali es otro hombre que se encuentra varado en la carretera con su familia y espera avanzar hacia el norte en busca de refugio, algo que desde el inicio del conflicto ya ha hecho en hasta tres ocasiones, ya que su ciudad, Qalaouiyeh, se encuentra próxima a Bint Jebail, una de las localidades más afectadas por el fuego israelí.

«Regresamos al pueblo el primer día del alto el fuego y nos quedamos, pero hoy han atacado y hemos vuelto a desplazarnos, ya van tres veces que nos desplazamos», dijo a EFE preocupado, pero, al tiempo, con un punto de optimismo: «Confiamos en el alto el fuego, ojalá se solucione y volvamos a nuestra casa, aunque fue bombardeada totalmente».

El Parlamento de Venezuela informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma de ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton -quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015-, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN – Parlamento) en Telegram.

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social- por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que -en un primer análisis- encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

Brasil redujo en 2025 su tasa de analfabetismo al 4,9 % de la población de quince años o más, con lo que el indicador se ubicó por primera vez por debajo del 5 %, informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según el estudio, el país suramericano tenía el año pasado 592.000 analfabetos menos que en 2024. No obstante, 8,4 millones de personas en esa franja etaria aún no sabían leer ni escribir un mensaje sencillo.

Los datos evidencian que Brasil no logró cumplir la meta del Plan Nacional de Educación (PNE), que establecía erradicar el analfabetismo para 2024.

De acuerdo con el IBGE, más de la mitad de los analfabetos del país, unos 4,8 millones de personas, viven en el empobrecido noreste brasileño, donde la tasa alcanza el 10,6 %, muy por encima del promedio nacional.

La población de sesenta años o más concentra un 58 % de los analfabetos del país, mientras que entre las personas de quince a 59 años la tasa de analfabetismo fue del 2,6 %, lo que refleja un mayor acceso de las nuevas generaciones a la escolarización.

El estudio también mostró que, por primera vez, más de la mitad de la población negra o afrodescendiente de veinticinco años o más completó la enseñanza media, con una proporción del 51,3 %.

Así mismo, el reporte señala que el porcentaje de niños de entre 6 y 14 años matriculados en el nivel escolar correspondiente a su edad alcanzó el 96,1 %, con lo que Brasil cumplió la meta fijada por el Plan Nacional de Educación, aunque el indicador aún no recupera los niveles registrados antes de la pandemia de la covid-19.

Los datos del IBGE destacaron el abandono escolar a partir de los dieciséis años y el desinterés de una parte de los jóvenes por continuar estudiando.

Uno de cada cuatro brasileños de entre catorce y 29 años afirmó no tener interés en seguir sus estudios, mientras que el trabajo y el embarazo figuran entre las principales razones que llevan a las mujeres jóvenes a abandonar la escuela.

Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington.

En siete días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único legal) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) las ratificó.

Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado», un momento histórico que «exige transformar». «¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!», exclamó para cerrar su discurso.

El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.

Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) el Gobierno cubano había hecho planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática.

Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.

Reformas

El actual paquete son 176 reformas, algunas de calado. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible fruto del bloqueo petrolero de EE.UU.

Las medidas van de la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y municipios.

Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario (con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante), ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables).

El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de «medidas de impacto estratégico» que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son «condición para su preservación».

Éstas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.

Presión interna y externa

Las iniciativas atacan dos realidades acuciantes para el Gobierno cubano: la dramática situación interna, con un alarmante deterioro económico, energético y social, y las presiones desde enero de Washington para que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos.

La Administración del presidente Donald Trump ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba desde hace seis meses con un bloqueo petrolero que además de paralizar la economía estatal, está minando la educación, la sanidad y los servicios públicos más básicos, y llevando a máximos históricos los apagones en el país, con regiones con apenas dos horas de electricidad cada tres días.

El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.

Además, EE.UU. ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos) con una orden ejecutiva que prevé sanciones secundarias para empresas que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus compañías.

Díaz-Canel, pese a criticar la política de Washington contra la isla, afirmó ante la ANPP que las reformas no son una reacción a la presión estadounidense, sino un ejercicio «soberano» de su país que se transforma para mejorar.

«No estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión», subrayó el presidente cubano, quien sostuvo que «Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo» y «diseña y propone soberanamente los cambios que necesita».

Reiteró que su Gobierno está dispuesto a dialogar sobre todos los temas posibles con Washington «sin odio, pero sin miedo», y agregó que «Cuba está lista para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos».

Israel y la milicia chií Hizbulá acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a «un alto funcionario israelí» y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales.

La fuente israelí expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: «Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel», detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

No obstante, sobre el terreno, a las 17:10 hora local, la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su «misión» en Líbano «hasta que se les ordene lo contrario».

«Cualquier asunto relacionado con acuerdos es competencia del gobierno. Mientras no recibamos órdenes diferentes, actuaremos de acuerdo con las del jefe del Estado Mayor del Ejército», expresó Defrin, quien también sostuvo durante su intervención que tienen «plena libertad operativa para eliminar amenazas en cualquier zona» de Líbano

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado esta mañana que Israel permanecerá en «la «zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte».

También durante la mañana de este viernes, las FDI informaron que habían atacado a Hizbulá en el sur libanés y en el valle de la Bekaa (este del país) provocando al menos 47 muertos en total, decenas de heridos y carreteras colapsadas con familias huyendo de los bombardeos.

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz EE.UU-Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Washington.

Estados Unidos e Irán pospusieron a última hora la reunión prevista en Ginebra hoy con los mediadores en las negociaciones -Catar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento, el cual firmaron digitalmente ayer, y comenzar así a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Representantes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés, y responsabilizaron a EE.UU. por no controlar al Estado hebreo.

Esta decisión de Irán fue comunicada a Estados Unidos, desde donde cada vez transmiten mayores discrepancias con Israel.

La última demostración pública de estas divisiones llegó ayer por parte del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, quien aseveró entonces que Israel tiene que «respetar» el proceso de paz iniciado con Irán.