México aumentará sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos durante el próximo ciclo comercial, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimara que importará 1,15 millones de toneladas de azúcar mexicana, un volumen 512 % mayor al previsto para el ciclo actual.

«México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos, al mercado estadounidense», informó la Presidencia de México, en un comunicado difundido este viernes.

De acuerdo con el reporte mensual del USDA sobre oferta y demanda agrícola, Estados Unidos estima que requerirá importar hasta 1.152.000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027.

Según el Gobierno mexicano, el aumento podría traducirse en 4.760 millones de pesos (unos 270 millones de dólares) adicionales para 170.000 productores de caña, al aumentar el volumen de azúcar que podrá enviarse al mercado estadounidense.

La Presidencia de México atribuyó el resultado al diálogo con autoridades del vecino país desde noviembre de 2025 y afirmó que el aumento en las importaciones marca el inicio de la regularización del acceso del azúcar mexicano al mercado de EE.UU.

La nota informativa añadió que las negociaciones comenzaron tras la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el acuerdo beneficiará tanto a los productores mexicanos como a los consumidores de ambos países.

Desde 2014, las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos están sujetas a un acuerdo que limita los volúmenes de venta para evitar disputas comerciales entre ambas naciones.

En los últimos años, los cupos de exportación se redujeron conforme disminuyó la necesidad de importaciones de Estados Unidos, lo que limitó las ventas mexicanas a ese mercado.

La firma de servicios financieros digitales Nu México informó este jueves que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como banco, un paso con el que se convertirá en el mayor banco digital del país por número de clientes.

La autorización culmina un proceso de transformación de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a institución bancaria que fue supervisado por la CNBV, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con más de 15 millones de clientes, la empresa, de origen brasileño, aseguró en un comunicado que ha logrado captar aproximadamente al 15 % de la población adulta mexicana y que tiene presencia en el 98 % de los municipios del país.

“Estamos construyendo en México una nueva manera de hacer servicios financieros, centrada de verdad en las personas», afirmó David Vélez, fundador y director ejecutivo global de Nubank.

«La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero”, añadió.

El directivo destacó además que México es uno de los mercados estratégicos para la compañía y anunció una inversión proyectada de 4.200 millones de dólares hacia 2030.

La empresa señaló que en siete años de operación en el país alcanzó una escala que tradicionalmente tomaba décadas en el sector financiero.

Actualmente suma alrededor de 12.000 nuevos clientes al día y asegura que el 54 % de sus usuarios obtuvo con ellos su primera tarjeta de crédito, mientras que el 60 % comenzó a ahorrar mediante sus productos financieros.

Por su parte, Armando Herrera, director general de la firma en México, calificó la autorización como un hito para la compañía.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en nosotros. Estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, señaló.

Nu inició operaciones en México en 2019 como parte de la estrategia de expansión internacional de Nubank, fundada en Brasil. Su primer producto en el país fue una tarjeta de crédito sin comisiones, a la que posteriormente se sumaron cuentas de ahorro, préstamos personales, tarjetas garantizadas y herramientas digitales de protección contra fraudes.

La compañía informó que durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el punto de equilibrio financiero en México, mejoró su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superó los 5.900 millones de dólares en depósitos.

De acuerdo con la regulación mexicana, Nu dispone ahora de 30 días naturales para completar formalmente su transformación en banco. Durante ese periodo, aseguró que mantendrá informados a sus clientes sobre los cambios operativos, aunque precisó que la experiencia de uso de sus productos y servicios permanece sin modificaciones.

El avión presidencial 001 de Honduras, que durante ocho años utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández, fue adquirido este viernes en una subasta por 5,1 millones de dólares por la empresa mexicana Thebe Ingeniería, único ofertante.

La subasta del jet ejecutivo Embraer Legacy 600, con capacidad para 20 pasajeros, se celebró en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en Tegucigalpa, ante la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras autoridades.

Según las autoridades hondureñas, al menos nueve empresas, entre nacionales y extranjeras, retiraron las bases de la oferta.

Pero al final en la subasta solamente participó Thebe Ingeniería, una empresa que presta un servicio de «taxis aéreos nacionales e internacionales», según dijo a EFE su representante, Jonathan González.

Una empresa hondureña de servicios aéreos decidió a última hora retirarse de la subasta de este avión, que cuando fue adquirido tuvo un coste de 14 millones de dólares, según fuentes oficiales.

La expresidenta hondureña Xiomara Castro, quien en su campaña política prometió vender el avión presidencial, no pudo hacerlo, lo que obedeció, según algunos de sus funcionarios, a que hubo irregularidades administrativas durante su adquisición.

En su momento también trascendió en la prensa hondureña que el avión, fabricado en Brasil, había sido donado por Taiwán.

«Lo que nosotros encontramos fue que había muy poca documentación, encontramos también que el bien no estaba inscrito como un bien del Estado, y entonces procedimos a cumplimentar con esos procesos burocráticos que nos permitirían después proceder a la venta del avión, pero ya está todo finiquitado», dijo a EFE el secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez.

Agregó que las nuevas autoridades gubernamentales, que asumieron el pasado 27 de enero, desconocen «los detalles de cómo se adquirió la aeronave y nos preocupamos por la inscripción» para poder subastarlo.

Durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026), el hasta hoy avión presidencial de Honduras fue utilizado en varias ocasiones para repatriar migrantes hondureños fallecidos entre México y Estados Unidos.

El Embraer Legacy 600 había sustituido a un viejo West Wind, comprado a mediados del decenio de los 70 del siglo pasado por seis millones de dólares, durante la última etapa de los regímenes militares en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, haya expresado su voluntad de retomar las relaciones con el país norteamericano, al tiempo que afirmó que va a comunicarse con Lima para «ver las particularidades de cómo recupera esa relación».

«Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El jueves, Keiko Fujimori afirmó que de su lado tiene «toda la intención» para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025.

Al respecto, la mandataria mexicana se mostró dispuesta a recuperar la relación tras las declaraciones de la presidenta electa de Perú, con quien no había tenido comunicación hasta la fecha.

No obstante, Sheinbaum informó que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, que establezca comunicación con el «nuevo equipo que va a gobernar» Perú con el objetivo de «ver las particularidades de cómo recupera esa relación».

Este anuncio supone un cambio en la postura de la presidenta mexicana, quien días atrás había dejado en vilo la normalización de las relaciones con el país andino.

Sobre la crisis diplomática con Lima, la jefa del Estado mexicano recordó que fue el Gobierno peruano quien rompió la relación por la postura ante el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido y detenido tras protagonizar sin éxito un golpe de Estado, al tratar de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022 de manera inconstitucional.

«Consideramos que fue una detención arbitraria porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el congreso es tan sencillo como eso», subrayó.

Pese a su voluntad de retomar las relaciones, destacó que la posición de México «va a seguir siendo esa, no va a cambiar», a la vez que pidió esperar a la opinión de Fujimori sobre este tema.

En este sentido, Sheinbaum mencionó que un grupo de la ONU pidió la liberación de Castillo tras concluir que su detención fue «arbitraria», misma postura que sostiene su Ejecutivo.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países han mantenido suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque continúan compartiendo espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico.

La actual guerra interna entre facciones del histórico Cartel de Sinaloa no ha supuesto un freno en los envíos de fentanilo a EE.UU, mientras que la violencia en ese estado mexicano, con más de 3.000 muertos en dos años, sigue vigente pese al despliegue militar del Gobierno federal.

Según el informe de la organización International Crisis Group (ICG) ‘La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión en EE.UU’, la crisis de violencia no se ha disipado, sino que se ha «transformado» y desplazado a las zonas más rurales, en medio del fuerte despliegue militar del Ejecutivo.

, explicó este viernes a EFE David Mora, investigador principal del informe del ICG.

El inicio del conflicto surgió tras la captura en 2024 en EE.UU del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que fracturó al Cartel de Sinaloa entre acusaciones de traición y derivó en una oleada de violencia que sacudió al estado entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

Tras casi dos años de guerra interna, el Estado mexicano «está lejos» de lograr un «cambio fundamental» en el equilibrio de fuerzas del crimen organizado, según explicó este viernes a EFE David Mora, investigador principal del informe del ICG.

«Lo que vemos ahora es que son ataques mucho más enfocados, son menos aleatorios», apuntó Mora, quien afirmó que Los Mayos están «ganando terreno» frente a Los Chapitos, en un conflicto en el que los desaparecidos y los asesinados suelen ser hombres jóvenes e incluso menores de edad.

Pese al desgaste que supone para el poder del cartel, el estudio advierte de que la demanda y el precio del fentanilo se mantiene «igual» y «relativamente estable» en EE. UU, lo que es indicativo de la «capacidad de adaptación de los mercados criminales» y de que otros grupos podrían estar cubriendo parte de la oferta de sustancias ilícitas.

«Muchas partes» de Sinaloa bajo control del narcotráfico

No obstante, las distintas facciones del Cartel de Sinaloa controlan «muchas partes» de su territorio, con lugares en los que «la autoridad es un grupo criminal y no el Estado mexicano», aseguró Mora, quien entrevistó a más de 60 personas para realizar este análisis.

En este contexto, recordó que hay más de 10.000 militares desplegados en el estado concentrados en la capital (Culiacán) que ha logrado grandes incautaciones de narcóticos aunque los índices de violencia «siguen estando sumamente altos».

Por ello, la estrategia de reforzamiento militar, a juicio del investigador del ICG, marca un «punto de inflexión» frente a la política de ‘abrazos y no balazos’ acuñado por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Antes con López Obrador esto era entre dos bandos y ahora con (la presidenta, Claudia) Sheinbaum sí se siente que es entre tres. Hay un nuevo actor y es el Gobierno», añadió.

Asimismo, el informe llama la atención sobre la complicidad de actores políticos de Sinaloa con el narcotráfico, que se lleva produciendo varias décadas pero que está de actualidad tras la acusación formal de EE. UU. contra el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por su supuesta colaboración con Los Chapitos a cambio de sobornos.

Mora recordó que el poder del Cartel de Sinaloa se explica por la «protección del poder político», lo que, en su opinión, es la «gran tarea pendiente» de México para «hacer frente a la amenaza» del crimen organizado.

Desde 2024, los enfrentamientos entre los grupos rivales del crimen organizado han dejado más de 3.000 muertos en ese estado del oeste de México.