La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo este lunes un llamado urgente a las autoridades del país para que la libertad no sea tratada como una «concesión sino garantía», al tiempo que exigió frenar la violencia, responder por las personas desaparecidas y proteger la libertad de expresión en vísperas de las Fiestas Patrias y del próximo ciclo electoral.

A través del mensaje «Llamados a la libertad», emitido con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, los obispos señalaron que el país llega a este 2026 con «pasos construidos» en materia de derechos, pero advirtieron sobre «heridas abiertas» que siguen afectando a la sociedad, como el crimen, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

«A quienes gobiernan, en todos los órdenes, les pedimos que la libertad no sea concesión sino garantía; que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas», enfatizó la cúpula eclesiástica en su comunicado, en el que también instó a la ciudadanía a «amar a México» y cuidar a los sectores más vulnerables.

De cara al nuevo proceso electoral de 2027, el Episcopado pidió a los actores políticos mantener un debate público «a la altura del pueblo», que respete la pluralidad y la libertad de expresión, además de garantizar la labor y protección de los periodistas.

La institución reivindicó el derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia al evocar el centenario del Conflicto Religioso o Guerra Cristera (1926-1929), al que calificaron como un choque «fratricida» que dejó como lección que la restricción de libertades lastima a la nación entera.

La Iglesia sostuvo que no es «huésped» en el país, sino parte de su tejido social a través de comedores, centros de derechos humanos, albergues para migrantes y tareas de reconstrucción de la paz y afirmó que buscan «denunciar sin odio» la situación que aborda el país.

Este pronunciamiento de la Iglesia católica ocurre en un contexto marcado por una profunda crisis de violencia en México, donde la presencia del crimen organizado y la cifra de personas desaparecidas, que supera los 130.000 casos, según estimaciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD), mantienen en constante exigencia de justicia a colectivos de familiares y a la sociedad civil.

El comunicado se publicó en el marco de las conmemoraciones del Grito de Dolores y la consolidación de la Independencia, en un escenario donde la jerarquía católica busca incidir en la agenda nacional frente a las inminentes elecciones de 2027. 

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró el lunes que se va a dar con el «responsable» y a «hacer justicia» tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

«Como Gobierno del Estado desde el primer minuto estamos dando seguimiento para encontrar al culpable. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia», indicó González Saravia en un breve mensaje de vídeo.

«Queremos expresar nuestro más sentido pésame por el asesinato de Claudia Tacoronte. Expresarle a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de la universidad, el mismo dolor que sentimos cuando cualquier mujer es asesinada», agregó.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, acusó el lunes a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a México en un factor de las elecciones estadounidenses de noviembre mediante informaciones “sin sustento” sobre una eventual intervención en territorio mexicano, una posibilidad que volvió a rechazar.

“México no tiene por qué ser factor en su elección, no somos ni piñata ni asunto de los estadounidenses”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a un supuesto documento interno del Departamento de Estado estadounidense, difundido la semana pasada por el medio NewsNation, que cita una encuesta realizada a 1.000 mexicanos mayores de 18 años, según la cual una mayoría respaldaría acciones directas de Estados Unidos contra los carteles en territorio mexicano.

Entre ellas estarían ataques estadounidenses contra laboratorios de drogas y la captura de líderes y operadores de los grupos criminales sin notificar previamente a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, NewsNation no publicó el documento completo ni identificó a la empresa mexicana que habría realizado el sondeo, y tampoco difundió las preguntas ni porcentajes específicos de respaldo a las distintas medidas.

Una coalición de organizaciones reclamó el pasado lunes a legisladores mexicanos aprovechar el debate fiscal de 2027 para modificar los impuestos a bebidas alcohólicas y convertirlos en una herramienta para reducir el consumo y financiar programas de prevención, tratamiento y atención sanitaria.

La protesta se realizó frente al Congreso de la Unión, donde los colectivos instalaron dos grandes inflables, una caguama (botella de cerveza de entre 940 y mil 200 mililitros) y una barra de pan, para denunciar que en México algunas bebidas alcohólicas pueden costar menos que un alimento básico.

“En México, en nuestro país, el alcohol es mucho más barato que el pan”, afirmó Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), quien cuestionó que el Paquete Económico 2027 no incluya una actualización sustancial del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a estas bebidas.

La propuesta central es reemplazar el esquema basado en el precio por cuotas determinadas por la cantidad de alcohol puro, una estructura fiscal que las organizaciones sostienen lleva más de una década sin cambios de fondo.