IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El boletín publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Violencia Feminicida en Cifras. Actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios”, resalta la necesidad urgente de implementar avances normativos para combatir la violencia de género en América Latina y el Caribe (ALyC), a 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la Convención de Belém do Pará.
Esta violencia, que se manifiesta en femicidios y muertes violentas de mujeres, evidencia la persistencia de la desigualdad de género en la región. En 2023, se informaron al menos 3 mil 897 casos de feminicidio, lo que equivale a 11 muertes diarias de mujeres por razones de género.
El boletín destaca la importancia de establecer sistemas de información eficaces para crear políticas públicas que aseguren el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Aunque 24 países han implementado encuestas sobre violencia de género, existen limitaciones en la calidad y periodicidad de los datos.
Los países de América Latina presentan diversas tasas de feminicidio, siendo Honduras, la República Dominicana y Brasil los que muestran las tasas más altas. La mayoría de los femicidios ocurren en el contexto de relaciones de pareja, y las víctimas suelen ser mujeres de entre 30 y 59 años, la falta de datos desagregados sobre etnias y razas limita las acciones preventivas. En el Caribe, se registraron 20 muertes violentas al día de mujeres por razones de género en 2023, concentrándose en países como Jamaica y Suriname.
Los Estados de ALyC han realizado avances significativos en la creación de normativas y políticas públicas para prevenir, registrar, sancionar y erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas, a pesar de estos progresos, aún enfrentan desafíos en el cumplimiento de su debida diligencia.
En los últimos 30 años, se han implementado importantes instrumentos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, para abordar la violencia de género, que sigue afectando a mujeres y comunidades. La Conferencia Regional sobre la Mujer ha establecido una Agenda Regional de Género, promoviendo leyes que protegen a mujeres y niñas, desde 1994, muchos países han adoptado legislaciones contra la violencia de género, incluyendo el femicidio.
Aunque se han creado mecanismos de coordinación y se han actualizado políticas, es vital fortalecer la implementación de estas normativas. En los últimos 15 años, América Latina y el Caribe han avanzado en la medición de femicidios, destacando que desde 2009 se ha comenzado a contabilizar muertes por parejas o ex parejas.
Recientemente la ONU ha adoptado un marco para mejorar la recolección de datos, y naciones como Argentina, Brasil y México han establecido sistemas de información para mejorar la coordinación interinstitucional. También se han creado registros para monitorear femicidios, con un enfoque en mejorar la calidad de la información estadística.
A pesar de los avances en legislación y políticas públicas en la región, persiste una gran desconexión entre la gravedad del problema y la efectividad de la respuesta pública, lo que representa limitaciones reflejadas en encuestas que muestran que pocas víctimas de violencia de género recurren a instancias públicas o presentan denuncias para buscar justicia.
En México, el 85 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física o sexual en distintos ámbitos no han interpuesto denuncias, de entre las principales razones, está el miedo a las consecuencias o amenazas, especialmente en aquellas sobrevivientes de violencia en el ámbito de la pareja.
Por tanto, se hace necesario redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas.
