Un total de 45 casos de posibles violaciones de derechos humanos han sido recogidos en un informe sobre los excesos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas en Ecuador durante el primer trimestre de 2024, que desde inicios de año se encuentra en «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado.
El reporte, elaborado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), lleva por título ‘Sobre los hechos de violencia policial y militar durante la declaratoria del Decreto 111’ y recoge las denuncias de un uso excesivo de la fuerza publicadas en redes sociales y medios de comunicación.
“De los 45 casos que hemos recabado, la mayoría responde a clases populares que han sido humillados, maltratados y que han sido víctimas también de ejecuciones extrajudiciales”, aseveró este jueves la presidenta de Inredh, Verónica Yuquilema, en una rueda de prensa en la sede de la fundación, en Quito, donde fue presentado el documento.
De las 45 denuncias registradas, se identificaron 19 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, cinco detenciones ilegales y arbitrarias, cuatro ejecuciones extrajudiciales, tres desapariciones forzadas bajo custodia estatal y 12 casos de vulneración de comunidades, según el informe.
El 80 % de los casos las víctimas fueron hombres y la media de edad abarcó de los 18 a los 30 años.
Además, Yuquilema recalcó que las comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes, así como los sectores más vulnerables, fueron quienes más sufrieron este tipo de violaciones de derechos humanos.
Criminalización de la pobreza
La presidenta de Inredh, acompañada por la abogada Vivian Santander y la socióloga Valeria Chicaiza, aseguró que pese a la “crisis de inseguridad” que se vive en Ecuador, no se puede categorizar esta situación de conflicto armado interno.
“Esto responde a la línea política que el actual Gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país”, aseguró.
“Esta política está anclada a una idea de necropolítica y de necrocapitalismo, en donde especialmente quienes han sido racializados y están bajo el umbral de la pobreza son los únicos sectores que han sido atacados”, añadió.
En este sentido, afirmó que tanto el Gobierno actual como los anteriores “han hecho poco o nada respecto a las cuestiones estructurales que están llevando a este escenario de grave criminalidad”.
Y explicó que desde el Inredh, que tiene más de tres décadas de recorrido, buscan evidenciar que “existe una criminalización de la pobreza” y “una racialización”.
Contra el «populismo penal»
Yuquilema sentenció que a Ecuador le “espera una situación como El Salvador con el Gobierno de (Nayib) Bukele”.
Se posicionó en contra del aumento de penas y del “populismo penal de la élite política y económica del país” porque, según anotó, estas medidas “en ningún contexto han sido solución a los problemas de raíz”.
Es por ello que llamó a controlar el sistema bancario e inmobiliario, donde aseguró que “existe un lavado de dinero por parte de estos grupos delincuenciales”.
Pero también incidió en la urgencia de invertir en políticas sociales, como en educación, salud o seguridad social, “que son justamente elementos centrales para que estos grupos armados de delincuencia no incidan más en el tejido social”, apuntó.
Lamentó que la “voluntad política” no vaya en esta dirección “para cambiar las cuestiones estructurales que están moviendo el crimen organizado transnacional”.
Y concluyó que mientras esta situación persista, los países empobrecidos y los sectores vulnerabilizados seguirán “poniendo los muertos y las muertas”.
Noboa respalda a policías y militares
En un informe presentado en mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».
Esto durante los primeros meses de la militarización de las cárceles ordenada por Noboa para recuperar el control de estos centros, hasta entonces en manos de las bandas criminales, que entre 2021 y 2023 registraron más de 500 reclusos asesinados.
Ante estas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que ha denunciado en el escenaro internacional estos excesos de las fuerzas del orden.
