La reciente fuga a la vecina Moldavia de un diputado ucraniano crítico con la prohibición de la Iglesia ortodoxa rusa en Ucrania que estaba siendo investigado por agresión a un policía y un soldado ha puesto en el foco del debate ucraniano las prácticas entre los funcionarios que permiten escapar del país a presuntos corruptos y traidores, desertores y evasores del servicio militar.

“Mi indignación es aún mayor que la indignación de la sociedad”, dijo este martes en una rueda de prensa el fiscal general ucraniano, Andrí Kostin, que reconoció su preocupación por un fenómeno que calificó de “problema grave” y planteó la posibilidad de que el diputado Artem Dmitruk escapara con la ayuda de funcionarios del Estado.

Kostin también mencionó la huida del país de otro diputado en el punto de mira de la Justicia, Yaroslav Dúbnevich, reclamado por los tribunales por fraudes masivos al Estado en contratos del sector de la energía, y advirtió de los numerosos casos de fugas de políticos investigados de nivel nacional o regional que también lograron cruzar la frontera ilegalmente.

“El número de procesos que tenemos por cruces ilegales de la frontera es de más de 4.000”, reveló el fiscal general, que anunció también que, sólo este año, las autoridades han desarticulado 84 grupos organizados dedicados a ayudar a ucranianos -especialmente a varones en edad militar que tienen prohibido salir por la ley marcial- a cruzar la frontera ilegalmente.

Según datos del Gobierno de Chisinau publicados en julio por medios ucranianos, alrededor de 23.500 varones ucranianos en edad militar han cruzado ilegalmente a Moldavia desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, buena parte de ellos después de que Kiev endureciera las condiciones de movilización la pasada primavera.

Según el Ministerio del Interior ucraniano decenas de hombres tratan de huir ilegalmente del país cada día pasando al territorio de Moldavia o de otros vecinos de Ucrania como Rumanía, Hungría, Eslovaquia o Polonia.

Falta de cooperación occidental

El fiscal general pidió no poner el foco únicamente en los guardias de fronteras y animó al Gobierno y a todas las autoridades del Estado a abordar el problema de forma estructural.

Entre los cambios que podrían contribuir a solucionar la vulnerabilidad de Ucrania en este campo, Kostin mencionó una mayor cooperación de los socios occidentales de Kiev.

Mientras que Polonia se ha mostrado dispuesta a devolver a los fugitivos ucranianos, incluidos aquellos ciudadanos sin cargos públicos o problemas con la Justicia que simplemente evitan ir a la guerra, el resto de países vecinos y de la UE rechazan este tipo de medida por razones legales y humanitarias.

Kostin declaró que si estos países retornaran de inmediato a Ucrania a todos los que salen ilegalmente el número de cruces irregulares disminuiría radicalmente.

En el caso de los fugitivos reclamados por la Justicia ucraniana, los tribunales de países europeos a los que han huido han rechazado las peticiones de extradición a Kiev por temor a que sus derechos no sean respetados en la actual situación de guerra, un factor que se suma al escepticismo sobre las garantías y la independencia que ofrece el sistema judicial de Ucrania.

En este sentido, países como Austria y Francia han rechazado la extradición a su país de dos exaltos cargos ucranianos acusados de defraudar al Estado invocando precisamente estos motivos.

Ante la magnitud del problema de las fugas, el presidente Volodímir Zelenski anunció el lunes tras una reunión con los jefes de los órganos de seguridad y de las agencias anticorrupción del Gobierno la elaboración en un plazo de dos semanas de un “plan claro para resolver” ésta y otras cuestiones.

“El foco principal es luchar contra los colaboradores (con los rusos), las investigaciones criminales contra aquellos que justifican la agresión rusa y contribuyen a la guerra contra Ucrania, los cruces de frontera ilegales y el programa anticorrupción”, dijo el jefe del Estado.