El expresidente de EE.UU. Donald Trump, demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares al considerar que la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca son inconstitucionales y buscaron dañar su reputación.
La demanda del también candidato republicano a la presidencia, que fue presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en inglés), alega que la redada muestra «la clara intencionalidad de persecución política» contra el expresidente (2017-2021), al que se investigó y acusó de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.
Sin embargo, el caso fue desestimado el pasado 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, nominada por Trump cuando fue presidente, y está en proceso de apelación.
La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, por lo que «viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos».
La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia, que según medios fue presentada la semana pasada, califica este registro de «conducta tortuosa de Estados Unidos contra el presidente Trump».
La querella se centra en el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en medio de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales por el expresidente.
Tras el registro se designó a Smith como fiscal especial, quien presentó posteriormente 37 cargos criminales contra el exmandatario relacionados con su manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca.
Entre los delitos figuran los de retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la Justicia y declaraciones falsas, cargos de los que Trump se declaró «no culpable».
El Departamento de Justicia tiene 180 días a partir de la fecha de recepción para responder a la notificación y llegar a una resolución.
«Lo que el presidente Trump está haciendo aquí no es solo defenderse a sí mismo, sino que está defendiendo a todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho y que se debe exigir cuentas al Gobierno cuando nos hace daño», dijo Epstein al canal Fox.
La demanda contra el Departamento de Justicia afirma que «los actos ilícitos contra el presidente (Trump) tienen su raíz en el procesamiento malicioso (…) y abuso del proceso resultante de la redada del 8 de agosto de 2022 en su casa y la de su familia en Mar-a-Lago en Palm Beach».
Argumenta que las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia y el FBI en relación con el registro fueron «incompatibles con los protocolos que requieren el consentimiento de un objetivo de investigación, la divulgación a los abogados de esa persona y el uso de la Fiscalía Federal local».
Y sostiene que estas decisiones tomadas por el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, y el director del FBI, Christopher Wray, no se fundamentaron en «políticas sociales, económicas y políticas», sino en un «claro incumplimiento de los principios constitucionales».
