La oficina del fiscal general de Tailandia informó este miércoles de que llevará juicio a ocho militares y policías retirados por su rol en la masacre de Tak Bai, ocurrida en 2004 y que causó 85 muertos en el sur de Tailandia, 78 de ellos por asfixia en el interior de las camionetas militares.
«Los acusados podrían haber anticipado que sus acciones conllevarían la asfixia y muerte de 78 personas bajo su responsabilidad», apuntó hoy en una rueda de prensa Prayut Bejaguran, el portavoz del ente judicial, evitando nombrar a los acusados.
Los hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2004, cuando la Policía disolvió violentamente una manifestación en Tak Bai, en la sureña provincia de Narathiwat, donde existe una insurgencia musulmana armada que busca la independencia de Tailandia.
Siete personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad y otras 78 fallecieron asfixiadas o aplastadas en el interior de camionetas de la Policía mientras eran trasladadas a un centro de detención militar.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, cuya hija, Paetongtarn Shinawatra, se convirtió en dirigente de Tailandia el pasado mes.
La Fundación Centro de Abogados Musulmanes presentó en abril una denuncia en el Tribunal Provincial de Narathiwat contra ocho antiguos responsables de seguridad por detención ilegal y asesinato, entre otros delitos.
No es la primera vez que grupos de abogados tratan de reabrir el caso. El Tribunal Supremo ya desestimó en agosto de 2013 una petición.
La matanza de Tak Bai ocurrió nueve meses después de que la insurgencia musulmana del sur del país retomara la lucha armada, que desde entonces ha ocasionado más de 7.600 muertos, según los datos de la organización Deep South Watch.
Los atentados con armas ligeras, asesinatos y con explosivos en Pattani, Narathiwat y Yala han sido una constante durante más de una década en esta conflictiva región, a pesar del despliegue de la declaración del estado de excepción desde julio de 2005.
No obstante, desde la pandemia de la covid-19 y con el reinicio de las negociaciones de paz entre las autoridades y grupos armados se ha reducido la violencia.
Los insurgentes denuncian que sufren discriminación por parte de la mayoría budista del país y exigen la creación de un Estado islámico que integre estas tres provincias, que configuraron el antiguo sultanato de Pattani, anexionado por Tailandia hace un siglo.
