IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El XIII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) celebrado recientemente, bajo el tema “Mujeres y Democracia: Participación política y desafíos para un futuro inclusivo” presentó por primera vez la iniciativa académica “Semilleros de Investigación” que busca involucrar a estudiantes de distintas universidades en proyectos académicos colaborativos de grado y posgrado con acompañamiento especializado en diversas áreas de la ciencia política y disciplinas afines.
Es el caso de Alan Daniel Torruco González de la UNAM-ENES Mérida y Ana Karen Butanda Aguado de la Universidad de Guanajuato coordinados por el doctor Víctor S. Peña del Colegio de Sonora, quienes presentaron el póster de su proyecto de investigación (KAS-AMECIP), denominado Acceso a la Información: Derechos Organizaciones y garantías.
En entrevista, Torruco González, señaló que la reforma constitucional de diciembre de 2024 en materia de acceso a la información representa un cambio profundo en el sistema de transparencia en México, explicando que la modificación en la denominación de “organismos garantes” a “autoridades garantes” no fue solo lingüística, sino que refleja una transformación significativa del modelo institucional establecido durante décadas.
Entre los principales cambios en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015-2025) destacan: la sustitución del INAI por un órgano llamado “Transparencia para el Pueblo”, controlado por el Ejecutivo y sin autonomía; la eliminación de funciones clave del INAI para promover acciones constitucionales, reduciendo su capacidad de defensa legal; la incorporación de criterios ambiguos para clasificar información como reservada, debilitando la objetividad y transparencia.
Asimismo, declaró que otros de los cambios es la justificación de austeridad que carece de respaldo económico; la concentración del poder se queda en un consejo nacional dominado por dependencias del Ejecutivo, lo que reduce los contrapesos; la dispersión y complicación en la revisión de recursos, afectando la independencia del proceso; y la limitación del recurso de inconformidad solo a casos relacionados con el presupuesto, restringiendo las opciones de defensa ciudadana en otros ámbitos.
Por su parte, Butanda Aguado describió con datos cartográficos el estatus de las entidades federativas para asumir las disposiciones de la nueva LGTAIP, bajo cuatro criterios: 1.- No hay información precisa por los congresos locales sobre lo que pasará en la entidad, 2.- No se ha eliminado la Ley anterior. 3.- Se ha eliminado y las funciones ya pasaron a otro organismo con las nuevas disposiciones, o si se encuentra en proceso de transición.
Añadió, que la mayoría de las entidades federativas han eliminado la LGTAIP anterior incorporando las nuevas disposiciones y en muy pocos estados no han eliminado, toda vez que las decisiones de los congresos estatales se supeditan a la mayoría de los grupos parlamentarios, ganando en este caso la fracción política del gobierno en turno.
Estos cambios a la LGTAIP, consolidan un modelo en el que el control, la independencia y la protección de derechos en materia de transparencia se ven debilitados, concentrando poder en el Ejecutivo y restringiendo mecanismos de defensa y fiscalización, conllevando a profundas implicaciones que afectan principalmente a las mujeres y a los grupos vulnerables.
En síntesis, estos cambios fortalecen un modelo que puede facilitar la opacidad y la impunidad, dañando gravemente a las mujeres y grupos vulnerables al limitar su acceso a información, reducir mecanismos de protección y debilitar su participación en la vigilancia de acciones gubernamentales, lo que puede traducirse en mayores riesgos de discriminación, violencia, exclusión y vulneración de derechos, dificultando la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
