Líderes religiosos y migrantes pidieron este miércoles al nuevo Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la frontera sur del país sea «fraterna» y no «militarizada» ante los abusos que padecen los extranjeros en medio del flujo récord.
César Augusto Cañaveral, coordinador de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula, la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, pidió en una conferencia de prensa que haya atención a la zona ante la presencia de autoridades que atemorizan a migrantes.
«Que nuestras fronteras, más que sean militarizadas, que sean fraternas, porque se encuentran a lo largo del camino las extorsiones y los abusos de los derechos humanos de los hermanos migrantes, pero no es la gente local, sino las instituciones como tal», indicó el cura.
En el último informe de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo el lunes, se reportó el despliegue de 36 mil elementos de las Fuerzas Armadas para tareas migratorias.
En este contexto, el cura señaló que algunos agentes también representan un riesgo para los migrantes, «no solamente el crimen organizado», en medio de la pugna de cárteles del narcotráfico en la zona sur de México.
Migrantes y miembros de la Iglesia católica realizaron un foro con testimonios sobre la migración y refugio en la frontera sur de México, donde pidieron respeto a la vida y a la dignidad.
También demandaron un alto al racismo, discriminación y xenofobia, y a la inseguridad y extorsiones por parte de la delincuencia organizada y las corporaciones de seguridad.
La hondureña Karen Suyapa Osorto solicitó al Gobierno de México que los respalde y les brinde seguridad porque están expuestos a todo, pues al huir de su país por la delincuencia lo único que buscan es ser libres para cruzar México, pero no avanzan por los peligros.
Aunque han caído las detenciones en la frontera con Estados Unidos, la migración irregular a través de México se elevó un 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712 mil, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.
