El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, manifestó su la preocupación por la propuesta presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
“Incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, pudiendo usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos”, dijo.
Agregó que: “Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión y se incorporó una reserva para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas”
Batres Campos, apuntó que lo anterior genera preocupación entre esta Confederación por el impacto potencial que tendría, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
“Consideramos que ampliación del catálogo de delitos sujetos a la Prisión Preventiva Oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos y la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas”, comentó.
Finalmente, el presidente de Coparmex en Hidalgo reiteró que esta reforma vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos, su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.
