IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
La condición socioeconómica de la población mexicana denominada pobreza, se caracteriza por la falta o escasez de recursos, impidiendo satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria y la educación formal, o bien alcanzan un grado mínimo de satisfacción, además de la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, agua potable, redes y alcantarillado, o una línea telefónica, por lo que su condición de vida es baja.
Al igual que otras instituciones internacionales, México invierte grandes esfuerzos por avanzar en la mejora, como son los programas sociales, a los que luego de obtener un avance en la pobreza se les atribuye las transferencias realizadas, dejando de lado factores importantes muy cuestionables. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pobreza multidimensional se redujo de 43.2 a 29.6 por ciento equivalente a 52.2 y 38.5 millones de personas respectivamente, que tienen un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, y que también presentan al menos una carencia social (tres de cada 10 personas están en esta situación).
La pobreza extrema se redujo del 7.2 al 7.1 por ciento equivalentes a 8.7 y 7.0 millones de personas respectivamente, que tienen un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias, además de presentar tres o más carencias sociales, destacando que seis de cada 10 personas en situación de pobreza extrema provienen de un hogar en el que no cuentan con ningún programa social, pero sí, las personas menos pobres reciben más programas sociales incrementando sus ingresos, con respecto a quienes se encuentran en pobreza extrema.
No obstante, existen tres derechos mayormente vulnerados de las carencias sociales de la población, el primero y más afectado es la carencia por acceso a los servicios de salud incrementando con referencia al 2016 con 18.8 millones de personas (15.6 por ciento), a 50.4 (39.1 por ciento) en el 2022, y a 44.5 (34.2 por ciento) en el 2024, destacando en este rubro las enfermedades crónicas degenerativas, que de enero a marzo de 2025 se registraron 211 mil 894 defunciones, ocupando el cuarto lugar de riesgo emergente.
El segundo derecho, es la carencia por acceso a seguridad social, en donde no obstante a una mínima reducción del 5.9 por ciento con respecto al 2016, pasando de 65.4 (54.1 por ciento) millones de personas a 62.6 (48.2 por ciento) en el 2024, refleja que únicamente seis millones de personas se han incorporado a la seguridad social en casi ocho años.
El tercero, es el rezago educativo con un incremento con respecto al 2016 con 22.3 millones de personas (18.5), al 2022, con 25.1 millones de personas (19.4 por ciento), y al 2024, 24.2 millones de personas (48.2 por ciento) al no concluir su educación obligatoria en la edad esperada, destacando la obligatoriedad de la educación básica.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, por decision del congreso, se asignó 1 billon 113 millones de pesos a 69 programas sociales que representa 12 pesos de cada 100 asignados, implicando recortes importantes a la salud y otros rubros. El presupuesto del periodo se incrementó el 44.6 por ciento con respecto al sexenio 2012-2018 y el 13.7 por ciento al sexenio 2018-2024. Ocho de estos programas se promueven en este año, algunos con carácter universal, y otros pocos focalizada. Situación que refleja una baja capacidad institucional en la toma de decisiones con prospectiva.
En consecuencia, el crecimiento de la deuda pública según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se hace presente, incrementando 7.19 billones de pesos en poco más de seis años con respecto al 2018 de 10.4 billones de pesos, a 17.6 billones de pesos en el 2025, lo que representa que si se dividiera la deuda entre los 33 millones de mexicanos, cada uno debería en promedio 132 mil 563 pesos.
Por tanto, la reducción de los índices de la pobreza se debe en parte a la contribución de mejora del ingreso salarial de las personas en situación de pobreza que ha ascendido a la fecha a 278.80 pesos, el cual junto con los ingresos de los programas sociales han permitido avanzar, esto sin dejar de soslayar la inflación y la canasta alimentaria.
Es altamente importante destacar que existen aproximadamente 5 mil 700 personas cuyo factor común de esta población es la pobreza extrema y los derechos vulnerados, quienes por sus condiciones no reciben ningún programa social, además de considerar las remesas que en 2024 aportaron 64 mil 745 millones de dólares.
En conclusión, los programas sociales, aunque aportan a la mejora de condición de vida, el costo beneficio no favorece los procesos interdinámicos multidimensionales, es decir, no determinan por sí solos el rumbo del desarrollo, existen múltiples factores que intervienen en el progreso de un país.
Al reducir la pobreza, facilitar el acceso a la educación y la salud, y fortalecer redes de protección, se crearían condiciones propicias para que las personas y las comunidades aprovechen su potencial, se vuelvan más resilientes y participen plenamente en la economía.
