PAZ Y RECONCILIACIÓN
Desde la Basílica de Guadalupe, obispos de México en su CXXI Asamblea Plenaria, lanzaron una interpelación profunda a la conciencia nacional: mirar la realidad sin cegueras, escuchar el dolor de las víctimas y recuperar la verdad como fundamento indispensable para la justicia y la reconciliación.
«Yo era ciego y ahora veo», la frase del Evangelio de San Juan, elegida como lema de la Asamblea, aparece en un momento particularmente significativo para el país. Es una invitación a observar con honestidad una realidad que con demasiada frecuencia intentamos explicar mediante discursos optimistas. Ver implica aceptar que México es una nación de enormes fortalezas, pero también de profundas heridas que siguen abiertas.
Al anunciar el Año Jubilar, los obispos colocaron la memoria de los mártires mexicanos como punto de partida para una reflexión que trasciende el ámbito eclesial. Recordar a quienes dieron la vida por su fe no tiene sentido si esa memoria permanece encerrada. Su testimonio exige una pregunta incómoda: ¿Qué estamos haciendo hoy con la verdad, la justicia y la libertad que ellos defendieron?
Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reconoce avances sociales, esfuerzos institucionales y mejoras económicas que han beneficiado a miles de familias. Sin embargo, recuerda que ningún logro puede ocultar el sufrimiento de quienes continúan buscando a sus desaparecidos, de quienes viven bajo la amenaza de la extorsión, de los enfermos que enfrentan carencias en la atención médica o de las comunidades que permanecen sometidas por el crimen organizado.
Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento episcopal es su insistencia en la verdad. En una época caracterizada por la polarización política y la batalla permanente por controlar la narrativa pública, los obispos recuerdan que la verdad no pertenece a ningún partido, gobierno o grupo ideológico. “Ninguna autoridad debe considerarse dueña de las instituciones ni utilizarlas para proteger intereses particulares. El servicio público es una responsabilidad temporal, no un privilegio personal”.
El Episcopado subraya una verdad elemental: cada acto de corrupción tiene consecuencias humanas. Detrás de cada recurso desviado puede haber una medicina que no llega, una escuela que no se construye o una familia que permanece desprotegida. La corrupción no es solamente una falta administrativa. Es una forma de injusticia social que termina golpeando con mayor dureza a quienes menos tienen.
Por el proceso electoral de 2027, los obispos advierten: “La democracia requiere reglas claras, una autoridad electoral confiable, resultados verificables y condiciones que permitan a cada ciudadano decidir en libertad”. La infiltración criminal en procesos políticos, las amenazas contra candidatos y la presión sobre comunidades representan riesgos que van mucho más allá de la competencia electoral. Se trata de amenazas directas a la libertad de los ciudadanos y a la legitimidad misma de las instituciones.
Al igual que Cristo frente a la tumba de Lázaro, propone quitar las piedras que impiden la vida. La exigencia de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional se acompaña de una invitación a la conversión personal. No es posible exigir honestidad a los gobernantes mientras se justifican las pequeñas corrupciones cotidianas. La regeneración de la vida pública comienza también en la conciencia de cada ciudadano.
La esperanza no consiste en ignorar la gravedad de los problemas, sino en asumir el compromiso con valentía y responsabilidad. Por ello, la Iglesia reivindica su papel como espacio de encuentro, diálogo y formación de conciencias libres, capaces de rechazar la manipulación, resistir el odio y trabajar por el bien común.
De cara al Jubileo de los Mártires, al camino hacia el quinto centenario del Acontecimiento Guadalupano y a los grandes desafíos nacionales que se avecinan, el Episcopado plantea a creyentes y no creyentes: “mirar la realidad sin cegueras”, porque solo quien se atreve a mirar con verdad puede aspirar a construir justicia.
Y solo una sociedad que escucha el dolor de sus víctimas y exige responsabilidad a quienes ejercen el poder podrá avanzar hacia un México más seguro, más fraterno y más digno para todos.
