El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció el trabajo del Congreso local y felicitó a la diputada Rosario Guerrero por impulsar la reforma relacionada con el uso de bienes inmuebles propiedad del estado, al considerar que permitirá establecer mayor orden y vigilancia sobre el patrimonio público.
El mandatario señaló que su administración mantiene un proceso de recuperación de inmuebles y terrenos, incluidos algunos que fueron vendidos a precios preferenciales con el propósito de instalar empresas y que actualmente se encuentran abandonados o son utilizados para otros fines, como estacionamientos.
“Los bienes del estado deben cuidarse más que los nuestros, porque es una responsabilidad”, expresó Menchaca Salazar, y agregó que el objetivo de las nuevas disposiciones es garantizar que los espacios públicos sean utilizados adecuadamente y que quienes los reciben informen sobre sus actividades y el estado de las instalaciones, además rechazó que la reforma tuviera dedicatoria a alguna fundación o grupo deportivo.
De igual manera, mencionó que existen comodatos otorgados por periodos de 30 o 40 años, por lo que consideró necesario que haya mecanismos para conocer el aprovechamiento de esos inmuebles y verificar que cumplan con el propósito para el que fueron entregados.
El gobernador también hizo referencia a una instalación destinada a la atención de niñas y niños, en la que, dijo, encontró solamente a dos o tres menores y cuyo funcionamiento no correspondía al objetivo para el que había sido destinada.
En contraste, mencionó el caso de la Fundación María Domínguez Viuda de Álvarez, de la que forma parte desde hace más de 30 años, y destacó que su operación se sostiene principalmente de las rentas que dejó su fundadora, además de las aportaciones de quienes participan en ella.
Por lo anterior, consideró que la participación social implica aportar tiempo y recursos, pero también rendir cuentas cuando se utiliza un inmueble público para desarrollar un proyecto.
Finalmente, reiteró que se trata de poner orden en el aprovechamiento de los bienes estatales, de manera que los proyectos que reciben espacios públicos acrediten su funcionamiento y justifiquen su permanencia.
