Carlos Alejandro Alcántara Carbajal y Karla Perales Arrieta, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron exhortar a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, para que haga una revisión integral y exhaustiva del Bando de Policía y Gobierno, así como del Reglamento de la Administración Pública Municipal con el objetivo de garantizar la actualización y se incorporen los protocolos con enfoque en derechos humanos.
Lo anterior luego de la detención que hicieron policías municipales de Alan Javín Álvarez Ríos, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), conforme al inciso “J” del artículo 71 del Bando de Policía y Gobierno, “realizar actos sexuales o conductas obscenas en la vía pública, en lugares de acceso público o en el interior de vehículos estacionados o en circulación”.
Razón por la que el joven activista dijo haber sido víctima de fuerza excesiva y haberse violentado su identidad de género, por lo que el diputado del partido naranja aseguró que en dicha detención “hubo uso excesivo de la fuerza, insultos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se violenta la identidad de género, la integridad física y psicoemocional de la persona detenida y no se proporcionó información clara sobre el motivo de la detención”.
Además, Alcántara Carbajal acusó que “se obstaculizó la labor de documentación gráfica de otra persona defensora de derechos humanos de nombre Lizeth Clavellina Ángeles y se registraron irregularidades en el llenado de actas, negación de llamadas telefónicas y omisiones en la valoración médica”.
Por su parte, las autoridades señalaron que el joven mostró “hostilidad verbal, refiriéndose a los oficiales de manera peyorativa, además de mantener resistencia física para su detención, por lo que fue necesario el uso de protocolos para reducir sus movimientos y proteger así su integridad y la de los oficiales”.
Por lo anterior, los diputados de Movimiento Ciudadano, plantearon que es indispensable que las autoridades de seguridad pública municipal, renueven sus protocolos para garantizar el respeto a la legalidad, derechos humanos, perspectiva de género, orientación sexual, identidad de género y no discriminación.
