Con el objetivo de abonar al respeto de los derechos humanos de los adultos mayores, y evitar que cualquier forma de abuso que ocurre en los servicios que presta el estado a este sector de la población, los diputados locales propusieron adicionar la denominada “violencia institucional” a la Ley de las Personas Adultas Mayores.
Al respecto, los legisladores señalaron que es importante considerar como una forma de violencia hacia los adultos mayores “todas esas situaciones que viven algunas personas adultas mayores en lo referente al maltrato institucional del cual poco se aborda pero que con frecuencia sucede” y que aseguraron que se refiere a cualquier forma de abuso que ocurre en servicios dirigidos a los ancianos.
De igual forma, agregaron que la violencia institucional es “todo acto, omisión o negligencia efectuada por instituciones públicas o privadas, que segreguen, discriminen o cuya finalidad sea la de retardar, dificultar o impedir el goce y el libre ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como, su acceso al disfrute de las políticas públicas, programas e instrumentos de la administración pública”.
Y agregaron que la violencia hacia las personas mayores se presenta en distintas formas en la comunidad, particularmente sucede cuando las instituciones del estado, el entorno social y familiar de las personas mayores, se niegan a brindarles cualquier tipo de apoyo a aquellas de edad avanzada, que viven solas, que presentan alguna discapacidad física, mental o ambas, o por el solo hecho de su avanzada edad, son segregadas de las actividades y servicios comunes para la población.
