La legisladora Yarabi González Martínez de Morena, propuso una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de ampliar la tipificación del delito de reclutamiento y establecer las bases de la protección y salvaguarda de los derechos de menores de edad que han participado en distintos actos ilícitos.
González Martínez apuntó que se debe garantizar el acceso a programas de protección, atención integral y reinserción social y explicó que, de acuerdo con algunas asociaciones civiles, “la delincuencia organizada y los grupos criminales reclutan niñas, niños y adolescentes por su disponibilidad y maleabilidad, ya que acatan órdenes de manera adecuada, no exigen tanto como un adulto y transportan y usan con facilidad las armas y las municiones que se les brindan”.
Y afirmó que el sistema de justicia especializado es mucho menos severo que el que se aplica a los mayores de 18 años por lo que niñas, niños y adolescentes ejecutan más de 22 tipos de delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción o piratería.
Por lo anterior, al que cometa el delito de reclutamiento de una niña, niño o adolescente, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 300 días y se impondrá el doble de la punibilidad que corresponda, cuando en la comisión del delito previsto sea cometido por el ascendiente, adoptante o tutor de la víctima o un familiar en línea colateral hasta el cuarto grado; la víctima se encuentre en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración.
De igual forma, cuando sea cometido por un servidor público de una institución educativa, de asistencia social, de salud pública, seguridad pública o de procuración de justicia; o la víctima sea reclutada para la comisión de delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Finalmente, tratándose de niñas, niños y adolescentes reclutados para realizar actividades ilícitas establecidas en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, el estado deberá reconocerlas como víctimas del delito, garantizar su acceso a programas de protección, atención integral y reinserción social.
