Johana Montcerrat Hernández Pérez, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso una serie de reformas a la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo con el objetivo de abonar a la seguridad vial del estado, contribuir a la reducción de accidentes, lesiones y muertes, además de la profesionalización de los operadores del transporte público.
La primera propuesta reforma el artículo 10, para que se realicen operativos permanentes de inspección y vigilancia con carácter sorpresivo, que incluyan la detección de exceso de velocidad, conducción temeraria y uso de dispositivos móviles durante la operación del transporte público en todas sus modalidades.
“Con ello, la autoridad adquiere un mandato claro, vinculante e impostergable para supervisar activamente el cumplimiento normativo, evitando que la vigilancia dependa de criterios discrecionales, campañas esporádicas o hechos posteriores al siniestro”, señaló la diputada del partido tricolor.
Explicó que la segunda reforma recae sobre el artículo 117, con ella se propone condicionar la renovación del Tarjetón de Identificación a la acreditación de un programa de recapacitación obligatoria en manejo defensivo, con periodicidad bianual. Por lo que cada operador deberá demostrar, cada dos años, que sigue actualizado y capacitado para conducir de forma segura.
La tercera reforma propone una causa de revocación directa y definitiva en el artículo 301, cuando un concesionario, permisionario u operador acumule dos o más accidentes graves o fatales en un período de tres años, siempre que una autoridad competente determine su responsabilidad. “Es una señal clara de que la concesión no es un privilegio permanente, sino un permiso condicional al cumplimiento estricto de estándares de seguridad y responsabilidad”, aseveró Hernández Pérez.
Finalmente, la diputada local reiteró “en conjunto, estas reformas tienen el potencial de generar un impacto profundo y positivo en la seguridad vial del Estado. Se espera una reducción significativa de accidentes graves, lesiones y muertes, una mejora en la profesionalización y desempeño de los operadores, una mayor confianza ciudadana en el transporte público y un alivio en la carga social, sanitaria,
económica y jurídica que provocan los siniestros viales”.
