Jorge Argüelles Salazar y José María Alejandro Pérez Ramírez, diputados locales de la fracción del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) presentaron la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, en materia de protección a las maestras y los maestros frente a la violencia en el entorno escolar.
En su argumentación, los legisladores destacaron que el objetivo del proyecto presentado es “garantizar el respeto, la protección y la salvaguarda de la dignidad, integridad física, emocional y profesional de las maestras y los maestros en el ejercicio de sus funciones, mediante la creación de mecanismos legales y administrativos para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia en su contra dentro del entorno escolar”.
Explicaron que en los últimos años, se ha registrado el aumento de actos violentos en contra de maestras y maestros dentro del entorno escolar: “esta situación ha sido documentada por diversos medios, organizaciones sociales y autoridades educativas, quienes coinciden en que la violencia no solo proviene del alumnado, sino también, en muchos casos, de madres, padres, tutores o personas ajenas a las instituciones”.
Y agregaron que a esta situación generalizada en todo el país, en Hidalgo las maestras y maestros han expresado su preocupación ante la falta de mecanismos efectivos de prevención, atención y protección en situaciones de violencia escolar “si bien la Ley de Educación del Estado reconoce la importancia del magisterio en el proceso formativo, aún existen vacíos normativos que impiden garantizar una protección integral de su ejercicio profesional frente a estos hechos”.
Por lo anterior, propusieron agregar el artículo 96 Bis de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo en el que se estipula que se promoverán acciones y protocolos específicos para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia, discriminación, amenaza, agresión física, verbal o psicológica ejercida en contra del personal docente por parte de estudiantes, madres, padres de familia, tutores o cualquier otra persona dentro del entorno escolar.
Además de que las autoridades educativas deberán: implementar programas de prevención de la violencia escolar que incluyan el respeto a la autoridad pedagógica de las maestras y los maestros; establecer mecanismos de denuncia ágil y confidencial para las víctimas; garantizar la atención jurídica, psicológica y médica necesaria; promover campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa para fortalecer la cultura del respeto hacia los docentes; y coordinarse con las autoridades competentes para que las agresiones sean investigadas y sancionadas conforme a la ley.
