Los diputados locales aprobaron impedir a los ayuntamientos crear plazas de base o cambiar la clasificación de las plazas existentes a base, durante los últimos dos trimestres de su periodo constitucional; lo anterior, con el objetivo de complementar el principio de racionalidad del gasto público para garantizar el sano y correcto funcionamiento de las finanzas públicas.
En su argumentación, los legisladores señalaron que el principio de racionalidad del gasto público, se refiere a la obligación ética y legal de los gobiernos de administrar los recursos financieros de manera eficiente, eficaz y transparente, en beneficio de la sociedad.
“Esto implica que todas las decisiones relacionadas con el uso de fondos públicos deben estar fundamentadas en criterios lógicos y objetivos, buscando maximizar los beneficios sociales y económicos derivados de cada inversión, no solo la optimización de los recursos disponibles, sino también la evaluación constante de los resultados obtenidos para garantizar que el dinero público se utilice de manera responsable y en línea con las necesidades y prioridades de la población”, agregaron.
