La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado “firme y respetuoso” al Congreso de la Unión para que “reconsidere las reformas planteadas a la Ley de Amparo, garantice un proceso de diálogo con la sociedad civil, los colegios de abogados, la academia y el sector empresarial, y preserve el juicio de amparo como un instrumento de justicia efectiva”.
Luis Fernando Garrido Ramírez, presidente de Coparmex Hidalgo señaló que “limitar sus alcances sería un retroceso histórico que impacta directamente a ciudadanos, emprendedores y empresas, pues reduce la certeza jurídica necesaria para invertir, generar empleos y vivir en un verdadero estado de derecho”,
Así mismo enfatizó en que dichas reformas “debilitan gravemente un mecanismo histórico de defensa ciudadana y empresarial” además de “poner en riesgo” la seguridad jurídica en México, “el juicio de amparo es una herramienta que ha garantizado la protección frente a abusos de autoridad durante más de un siglo”, explicó.
Garrido Ramírez, detalló que algunos de los riesgos que los empresarios han detectado están las siguientes: proponen que solo quienes acrediten una afectación directa puedan promover un amparo, eliminan casos de interés colectivo. Se restringe la suspensión de actos de autoridad, mecanismo que evita daños irreparables mientras un juicio se resuelve; en materia tributaria, los ajustes al Código Fiscal de la Federación endurecen plazos y amplían las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cobros inmediatos que ponen en riesgo la operación de las empresas y, con ello, el empleo formal.
Además, agregó preocupa la facultad otorgada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para priorizar asuntos en la Suprema Corte, lo que aseguró “representa una intervención directa del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y atenta contra la independencia de los tribunales”.
“El juicio de amparo debe mantenerse como un derecho histórico, accesible y eficaz tanto para la ciudadanía como para el sector productivo. Limitarlo sería un retroceso que afectaría la confianza en nuestras instituciones y abriría la puerta a mayores riesgos de arbitrariedad”, concluyó el presidente del organismo empresarial.
