LULAC, el grupo hispano más antiguo de EE.UU., solicitó este lunes a la Fiscalía investigar los allanamientos realizados por orden del fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, en viviendas de activistas electorales demócratas en bastiones de ese partido por supuesto fraude electoral.
Varias de las víctimas, entre ellos voluntarios y activistas demócratas que impulsan el registro de votantes entre personas mayores y veteranos, especialmente entre la comunidad hispana, denunciaron hoy en una rueda de prensa que sus viviendas fueron allanadas a primera hora del martes pasado.
Criticaron que «Paxton está utilizando su oficina para determinar los resultados electorales».
Una de las voluntarias dijo que nueve oficiales registraron su vivienda durante más de dos horas a partir de las 6 de la mañana y que la tuvieron afuera de su residencia esperando mientras todos sus vecinos la veían.
Señaló que ella le dijo a los oficiales que no había cometido ningún fraude y que este país «no es Rusia».
Las víctimas de los allanamientos dijeron que se llevaron computadores, teléfonos celulares y documentos, y calificaron las redadas de «invasión a la privacidad» y una forma de detener el incremento de la influencia de la comunidad latina en las elecciones.
Un directivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) dijo que «aterrorizaron» a personas que lo único que buscan es ayudar a la comunidad en el proceso electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, en las que la vicepresidenta Kamala Harris enfrenta al expresidente Donald Trump (2017-2021).
«Paxton está comprometido en la opresión oficial de votantes, principalmente latinos y negros, con la gran mentira del fraude electoral», señaló LULAC.
Solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al FBI «que investiguen a Paxton y sus agentes por abuso de ancianos, niños, violaciones de la Ley de Derechos de Votación Federal de 1965».
Agregó en un comunicado que el republicano «está utilizando esta gran mentira para ordenar y realizar registros ilegales e inconstitucionales de votantes mayores inocentes».
El pasado 20 de agosto la Unidad de Integridad Electoral de la Fiscalía de Texas ejecutó múltiples órdenes de allanamiento en los condados de Frío, Atascosa y Bexar, conocidos por ser de tendencia demócrata, en respuesta a una investigación adelantada por autoridades locales con relación a las elecciones de 2022.
«Las elecciones seguras son la piedra angular de nuestra república», dijo entonces Paxton.
El fiscal «ve lo que está por venir y está abusando de su poder para suprimir la participación electoral intimidando a los voluntarios demócratas locales», denunció Gabriel Rosales, director de LULAC en Texas.
«Esto no es nuevo; lo ha hecho antes al presentar demandas y obtener acusaciones que incluso los tribunales consideraron frívolas e infundadas», señaló por su parte Domingo García, presidente de LULAC Adelante PAC, el brazo político de la organización.
García, quien dijo en un comunicado que era «indignante», se refirió así al caso que perdió Paxton en el condado de Tarrant, el año pasado.
Paxton ha adelantado más de 100 casos penales relacionados con las elecciones en los últimos seis años, a pesar de que el fraude electoral sigue siendo extremadamente raro en Texas.
El fiscal ha sido duramente criticado por hacer acusaciones falsas sobre el fraude de las elecciones presidenciales de 2020.
Además de las redadas, Paxton dijo que sus investigadores han realizado recientemente operaciones encubiertas para identificar «el registro de votantes potencial de no ciudadanos en Texas» por parte de organizaciones sin fines de lucro ubicadas fuera de las oficinas de Licencias de Conducir del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
