IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El documento “Sostenibilidad financiera, equidad y eficiencia de la inversión educativa como requisitos habilitantes para la transformación educativa en América Latina y el Caribe” 2025 de la UNESCO, fue coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para responder al mandato de la Declaración de Santiago 2024, en la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe: Hacia un Marco de Referencia Regional para la Reactivación, Recuperación y Transformación Educativa.
En este trabajo se destaca la importancia de retomar compromisos internacionales y regionales para garantizar una educación inclusiva y de calidad en América Latina y el Caribe, en enero de 2024, se aprobó la Declaración de Santiago, que encargó al Comité Directivo Regional del ODS4 la creación de un Grupo de Trabajo ad-hoc para proponer mecanismos de financiamiento inclusivo y eficaz, complementando el Marco de Referencia Regional.
La dimensión de equidad en la financiación educativa, busca garantizar que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad independientemente de su situación inicial, promoviendo un acceso universal y tomando acciones para reducir las desigualdades existentes, la equidad se puede entender en tres niveles: horizontal, vertical y fiscal.
La equidad horizontal asegura que estudiantes y escuelas en condiciones similares reciban recursos similares, mediante sistemas de financiamiento que consideran factores como matrícula y necesidades específicas; la equidad vertical reconoce que algunos grupos enfrentan mayores dificultades, por lo que requieren más recursos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, como comunidades rurales, personas con discapacidad o en pobreza, para evitar que las desigualdades de origen se perpetúen.
La equidad fiscal apunta a que la capacidad de recaudación de cada jurisdicción no determine la cantidad de recursos por estudiante, ya que en muchos países la descentralización ha generado brechas en inversión entre regiones ricas y pobres, por lo que es necesario complementar los fondos locales con recursos de nivel superior para promover una distribución más justa.
Se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental, y que su financiación adecuada impacta positivamente en las personas, la economía y la sociedad. Sin embargo, los sistemas educativos enfrentan desafíos como la insuficiente inversión, las ineficiencias en el uso de recursos y el impacto de la pandemia, que agravaron las desigualdades y afectaron la calidad y la inclusión.
Las cinco líneas de acción prioritarias determinadas para lograr una transformación educativa sostenible son:
Fomentar un diálogo social amplio y sostenido que permita construir consensos políticos, sociales y fiscales, garantizando recursos estables y suficientes a largo plazo.
Incrementar el espacio fiscal para la educación, mediante movilización de fondos internos, políticas fiscales progresivas, mejora en la eficiencia del gasto público y mecanismos innovadores de financiamiento.
Establecer estándares de inversión mínima por estudiante, basados en co costos regionales específicos, para asegurar recursos adecuados en cada contexto.
Fortalecer los sistemas de costeo, monitoreo y rendición de cuentas, promoviendo la transparencia y el uso eficiente de la información para optimizar la inversión educativa.
Movilizar recursos intersectoriales y promover alianzas público-privadas, articulando la educación con otros sectores y financiando proyectos específicos que contribuyan a una educación más inclusiva y de calidad.
¡Avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad requiere una visión integradora que combine mayor inversión con estrategias basadas en evidencia, alianzas multisectoriales y un liderazgo comprometido de los Estados para priorizar este derecho!
