EL PEQUEÑO TIMMY
Finalmente la bomba que se había esperado en las últimas semanas, estalló. En Hidalgo, fue aprobado el incremento de un 20 por ciento a la tarifa del transporte público situación que ha generado inconformidad entre la población contra el gobierno que prometió mejores condiciones en el sector pero que no ha cumplido, al menos en los más de tres años que ha durado esta administración.
Esto no quiere decir que el cambio prometido fuera un tema sencillo, sin embargo, la población de “a pie”, la que no llega en camionetas a su trabajo en una oficina como titular de cualquiera de las secretarías que hay en el gobierno estatal, conoce y se enfrenta a una realidad que ha comenzado a salirse de control, pese a las promesas hechas por este y por gobiernos anteriores.
La afirmación de Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, solo reflejó la cínica forma en la que miente: las rutas alimentadoras del Tuzobús tardan en promedio de 20 a 40 minutos en pasar, no lo digo yo ni lo dice ningún estudio oficial, lo dice la gente que a diario tiene que soportar esta situación parada bajo los inclementes rayos del sol, la lluvia o el frío, según sea la temporada.
Es obvio que el secretario no se fue a dar su vuelta “de incógnito” porque ni siquiera necesita disfrazarse para ser “incógnito”, en una ciudad donde si acaso lo conocen sus vecinos y la clase política pero de ahí en fuera, bastaría ingresar al Tuzobús y esperar en al fila de una alimentadora, sin comparsas, sin equipo, sin gente, para pasar desapercibido como lo que es, un funcionario privilegiado que desde su perspectiva todo está bien y el Tuzobús no tarda más de 10 minutos en pasar.
Los funcionarios públicos que aprobaron el incremento al pasaje no saben la realidad que enfrentan los ciudadanos cada día, no conocen lo que es viajar en una ruta escuchando a Dany Flow o música de banda a todo volumen, no saben lo que significa ir de pie en una colectiva que sube a más de 20 personas en plena violación al reglamento, tampoco saben lo que es esperar una unidad de Tuzobús que debe dar una vuelta completa debido a que sólo hay una en ruta porque la otra “se descompuso”.
Seguramente, aquellos que hoy gobiernan, por muchos baños de pueblo que se den, no conocen que para llegar a un sitio se debe transbordar, tampoco saben del trato que dan algunos choferes, desconocen el riesgo de ir a alta velocidad porque los choferes a percepción de los usuarios “están echando carreritas” y hasta que no sucede algún accidente en el que haya por lo menos un muerto, no comienzan con sus “inspecciones”.
Bueno, pues, esa es una cara de la moneda, pero hay otra de la cual el gobierno tomó su argumento, es cierto que los insumos se encarecieron, es cierto que el precio de la gasolina ha subido, pero el último incremento que sufrió el pasaje fue en el gobierno de Omar Fayad con el argumento de lo caro que se tornó la gasolina luego de la estrategia fallida de Andrés Manuel López Obrador contra el huacichol.
Los mismos políticos de escritorio que le dan vueltas el tema para tratar de argumentar el incremento al pasaje, desconocen lo que implica que se te ponche una llanta en la última vuelta nocturna en colonias o lugares en los que resulta muy peligroso quedarse varados, no saben el riesgo que hay de encontrarse con un conductor particular que intente agredir físicamente, desconocen el actuar de decenas de concesionarios que explotan a sus choferes, a quienes les cobran más de la cuenta bajo cualquier excusa.
Hay políticos que no saben que hay choferes que trabajan más de ocho horas porque el dinero que ganan al día no les alcanza para sostener su hogar, que hay choferes que han visto mermada su salud por dedicarse al servicio del transporte público, que hay rutas en las que no les perdonan un solo minuto y que en ocasiones es esto lo que les obliga a meter velocidad en su servicio, que el tráfico en las horas pico merma el rendimiento del combustible, que aunado a esto, deben aguantar el sudor en tiempos de calor y el frío cuando pega el invierno.
Seguramente no saben que hay choferes que tienen que lavar la unidad que manejan, a altas horas de la noche o en las primeras de la madrugada a fin de poder entregar la unidad y que no haya descuentos en la cuenta o que algunos choferes se retiran de la chamba ante los intentos de criminales que los amenazan y que buscan crear una red narcomenudista como ha sucedido en otras ciudades del país, en donde los choferes se vuelven “distribuidores”.
Al final, el gobierno debería dar a conocer cuántos choferes de las colectivas son dueños del permiso, en qué condiciones viven los choferes, bajo qué circunstancias realizan su trabajo, porque al final, este incremento al pasaje parece ser que no beneficiará ni a los usuarios ni a los conductores sino a los concesionarios con los que los gobiernos siempre han querido “quedar bien”.
¿Quienes son los dueños de las concesiones, son los choferes? ¿Si al chofer no le beneficia el aumento, responderá al llamado para que haya un cambio en el servicio?
Las respuestas a estas preguntas las sabemos, y si en poco más de tres años de gestión, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, no ha logrado poner orden al sector, dudamos mucho que antes de que acabe el sexenio lo consiga, porque por muchos estudios que se hayan hecho, la realidad en este tema (como en muchos otros), no es la que pueden leer en sus informes sentados en sus oficinas. Todos sabemos que el pasaje subirá un 20 por ciento, la pregunta final es: ¿Para beneficio de quién?
