Hidalgo avanza en uno de los procesos más importantes para la vigilancia institucional y el combate a la corrupción: la designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y la Auditoría Superior del Estado.
Este procedimiento definirá quiénes serán los responsables de supervisar el cumplimiento de la legalidad, investigar posibles responsabilidades administrativas, fortalecer los controles internos y proteger el correcto ejercicio de los recursos públicos durante los próximos cuatro años.
El proceso fue convocado por el Congreso del Estado y actualmente se encuentra en la etapa de revisión de expedientes por parte de las comisiones dictaminadoras. Posteriormente, del 13 al 22 de julio, se realizarán las entrevistas y comparecencias de las y los aspirantes, quienes deberán acreditar experiencia profesional, capacidad técnica, conocimiento jurídico, independencia de criterio y compromiso con la integridad pública.
Aunque la decisión final recaerá en el Poder Legislativo, la expectativa también alcanza a las instituciones responsables de promover la integridad pública. Álvaro Bardales, titular de la Secretaría de Contraloría, insistió en la necesidad de que estos espacios sean ocupados por perfiles con capacidad técnica, autonomía de criterio y compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
Más que una renovación administrativa, Hidalgo está definiendo a quienes serán responsables de revisar procedimientos, prevenir riesgos, atender observaciones, fortalecer mecanismos de control y contribuir a que las instituciones funcionen con mayor transparencia y eficacia.
Quienes asuman estos cargos en los OIC del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Electoral vigilarán dos de los procesos políticos más complejos e inéditos que haya vivido Hidalgo: las elecciones de 2027 y 2030, donde deberán demostrar independencia, capacidad técnica y fortaleza para actuar con objetividad frente a cualquier presión.
Por su parte, la persona titular del OIC de la Auditoría Superior del Estado enfrentará uno de los periodos de fiscalización más relevantes de los últimos años, marcado por los procesos de entrega-recepción de los ayuntamientos y del Poder Ejecutivo estatal, así como por la adaptación a las nuevas dinámicas nacionales derivadas de los cambios que se desarrollan en el ámbito federal y en la propia Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la acelerada incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial abre nuevos debates que exigirán instituciones cada vez más preparadas para responder a las nuevas formas de vulneración de derechos.
La fiscalización moderna exige mucho más que detectar irregularidades. Requiere capacidad para anticiparse a los problemas, fortalecer procesos, promover la ética pública y generar confianza ciudadana mediante instituciones sólidas y profesionales.
Es importante señalar que este proceso ya no contempla al extinto Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (ITAIH), por lo que actualmente son cuatro los organismos autónomos sujetos a este procedimiento. Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mantiene sus propios mecanismos de designación, en atención a su autonomía constitucional.
El calendario aprobado prevé que las designaciones concluyan el próximo 29 de julio, fecha en la que las personas seleccionadas rendirán protesta para asumir una responsabilidad fundamental: vigilar que el ejercicio del poder se conduzca con legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
