EL PEQUEÑO TIMMY
Mientras en Hidalgo hay cientos de carpetas de investigación que esperan un proceso judicial, archivadas o en los escritorios de los organismos procuradores de justicia, existen otros procesos, en los que el gobierno tiene especial interés y parece ser que estos últimos ni siquiera tocan el escritorio, pasan de mano en mano para dar agilidad y que la llegada de la justicia sea “pronta y expedita”, como si los delitos que a diario padece la ciudadanía no fueran importantes, o mejor dicho no lo son para un estado que ha retomado las viejas prácticas de impartición de justicia a modo, a conveniencia y a intereses políticos.
No se confundan estimados lectores, si alguien cometió un delito debe pagar conforme a la punibilidad que establece la ley, lo que no es correcto es que los órganos procuradores de justicia se hagan de la vista gorda en la comisión de delitos cometidos por algunos políticos y se hagan los eficientes ante perfiles que son considerados “no aliados” o “no gratos” para el gobierno o funcionarios del gobierno en turno.
La persecución política en Hidalgo es evidente cuando familias enteras han esperado años para que se les haga justicia, pero en casos que interesan al estado o mejor dicho a algunos actores políticos que están en el poder, esa justicia se manifiesta como siempre debería ser: “pronta y expedita”. La historia de presos políticos en Hidalgo es vasta y los perfiles criminales que estuvieron bajo el amparo de un gobierno u otro también.
Me atrevería a decir que varios pillos, delincuentes, criminales, ahora mismo están en las filas morenistas y en cargos políticos y de poder gracias a que “son aliados”, una política poco conveniente cuando se busca implementar un régimen de esperanza, justicia y cambio social, tal parece que los esfuerzos que hace Claudia Sheinbaum Pardo desde la Presidencia de la República no tienen eco alguno en entidades como Hidalgo, al menos en la procuración de justicia.
En reiteradas ocasiones, tanto Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, como Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, han negado que haya una persecución política en la entidad, e insistimos, si alguien debe algo con la ley que pague conforme a esta, pero no podemos hablar de justicia y de que no hay persecución cuando la ley no se aplica por igual entre toda la población, ni en el mismo tiempo ni de la misma forma, eso es lo que nos hace dudar de que no haya una persecución política.
Resulta extraño que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo manifieste especial interés por dar a conocer vinculaciones a procesos o sentencias de personajes políticos o de presuntos delincuentes que forman parte del interés de la agenda política, pero que se detenga para informar sobre el trabajo que no ha hecho, sobre los cientos de casos que no han tenido la misma eficacia e interés de las autoridades por ser resueltos.
Todo esto, es un juego político, un juego donde desgraciadamente la preocupación se centra en el miedo que tienen los funcionarios públicos de que Morena pierda la confianza que alguna vez dio Andrés Manuel López Obrador y que se empeña en continuar Sheinbaum Pardo, un miedo completamente racional al saber que no es suficiente lo que han hecho en Hidalgo para garantizar el bienestar de la población y que a mitad de mandato ni siquiera se acercan a eso de que “Hidalgo será potencia”.
Hoy las grandes obras y proyectos para Hidalgo han sido regalos de la presidenta de la República quién ha reconocido que se tenía una deuda histórica en la materia con la entidad; referente al trabajo que han hecho los secretarios del gabinete actual deja mucho que desear, muchos de los perfiles quedaron rebasados por la responsabilidad, otros por los vicios, y algunos más por la corrupción, que Dios proteja al estado de Hidalgo donde nada ni nadie está por encima de la ley a menos que se tenga poder para evadirla.
