Con el objetivo de evitar problemas de abasto de agua en nuevos fraccionamientos, el Congreso Local aprobó una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, con la que se obligará a los 84 municipios de Hidalgo a verificar que los proyectos de desarrollo urbano cuenten con factibilidad para recibir el servicio de agua potable antes de autorizar fusiones, subdivisiones, lotificaciones, relotificaciones y fraccionamientos de terrenos.
La modificación consiste en incorporar expresamente esta verificación al segundo párrafo del artículo 153 de la ley, de manera que la autoridad municipal no pueda resolver las solicitudes sin revisar que la factibilidad del servicio esté acreditada en el expediente, cuando sea exigible conforme a las disposiciones aplicables.
La iniciativa fue presentada por la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas, el 09 de septiembre de 2026, planteaba exigir un dictamen específico de factibilidad de agua potable y agregar una nueva obligación al artículo 156 de la legislación estatal, sin embargo, la Comisión determinó que no era necesario crear un nuevo dictamen, debido a que la factibilidad de los servicios públicos ya está contemplada en la Ley General de Asentamientos Humanos y en el reglamento estatal.
Por lo anterior, la reforma establece que las autoridades deberán verificar la documentación correspondiente, sin exigir nuevamente un documento válido ni generar trámites adicionales. El dictamen señala que la medida busca evitar que se autoricen proyectos inmobiliarios sin considerar la disponibilidad de agua y la capacidad de la infraestructura hidráulica para atender a sus futuros habitantes.


