Tras una decisión dividida, el pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó este martes a la suspensión de actividades que trabajadores del Poder Judicial comenzaron hace casi dos semanas contra la reforma judicial que ahora discute el Congreso.
En sesión privada, ocho ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que las tres ministras que abiertamente apoyan al oficialismo, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se posicionaron en contra.
Con esta decisión, la operatividad de la Suprema Corte se reducirá solo a asuntos urgentes, en un evento crucial en la historia del Poder Judicial en México.
En tanto, queda pendiente la sesión pública programada para este martes y un posicionamiento público que harán las ministras que se manifestaron en contra del paro indefinido de actividades.
La decisión de la mayoría de los ministros del más alto tribunal se da luego de que trabajadores de más alto tribunal mexicano definieran el lunes sumarse al paro de actividades en protesta a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa la elección de los impartidores de justicia por el voto popular.
«Se les informa que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de sumarse a la suspensión de labores con motivo de la reforma judicial que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. Las acciones subsecuentes las estaremos informando a la brevedad”, apuntaron en su mensaje.
Mientras tanto, los congresistas del oficialismo en la Cámara de Diputados, que representan la mayoría calificada, de dos tercios del total de los escaños, se alistan para discutir y aprobar, sin consensuar con la oposición la reforma judicial impulsada desde 5 de febrero en el Congreso por López Obrador.
La discusión de la polémica reforma se dará en una sede alterna al recinto legislativo de San Lázaro, luego de que trabajadores judiciales bloquearon los accesos desde las primeras horas del día.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
