Activistas y migrantes pidieron ayer atender la corrupción y la violencia del crimen organizado que, afirman, se ha agudizado en meses recientes en la frontera sur de México, donde acusan al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar el problema.
José Gildardo Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Abogados de Migración y Derechos Humanos de México, expuso a EFE que las sospechas de corrupción se han agudizado desde el 23 de agosto, cuando Estados Unidos permitió a los migrantes gestionar su cita de asilo aunque estén en Chiapas y Tabasco, en el límite sur de México.
El analista aseveró que la medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) busca impedir que los migrantes avancen hacia la frontera de México con Estados Unidos y deja más vulnerables a los indocumentados a los fraudes de la delincuencia organizada.
“Lo que hemos detectado que es una trampa, no van a salir las citas, antes tardaban 35 días en salir, desde el pasado 23 de agosto que se activó la (aplicación) ‘CBP One’ (…) pensamos que no (van a obtenerlas) es una trampa”, comentó.
