El pleno de la Cámara de Diputados de Argentina debate este jueves el paquete de reformas económicas que impulsa el Gobierno de Javier Milei, seis meses después de su lanzamiento y con muchas posibilidades de lograr su aprobación definitiva con algunos cambios respecto al proyecto original.
La sesión plenaria en la Cámara Baja fue convocada para el mediodía del jueves, pero antes tendrá lugar una reunión de los jefes de los diferentes bloques para coordinar el desarrollo del debate, que podría prolongarse.
Organizaciones sindicales y de izquierdas han convocado marchas en las inmediaciones de la sede del Congreso de Argentina, en protesta por la previsible aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
El pasado 12 de junio, cuando los senadores del país suramericano aprobaron el grueso de la también denominada ‘ley ómnibus’, se desarrollaron intensas protestas en el centro de la capital argentina, donde fueron detenidas 31 personas.
El Gobierno del ultraliberal Javier Milei calificó los disturbios de «gran acto de sedición» y de «golpe de Estado, entendido como se entiende en el siglo XXI».
La ‘ley bases’ y la reforma fiscal que también impulsa el Ejecutivo fueron aprobadas por diputados el pasado 30 de abril.
Posteriormente, ambos proyectos fueron remitidos al Senado, con modificaciones. Posteriormente, la Cámara Alta devolvió las propuestas a la Cámara de Diputados para su tramitación definitiva.
La fuerza gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza, minoritaria en el Parlamento, cuenta en principio con el apoyo de la denominada «oposición dialoguista» para lograr la aprobación de los proyectos, que rechazan el Frente de Izquierda y el frente peronista Unión por la Patria.
El proyecto, que lleva medio año de complejo trámite parlamentario y sufrió varios recortes, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita la privatizar algunas empresas estatales, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.
Junto con este proyecto, también se debate un paquete que, entre otros aspectos, incluye una «regularización fiscal» y una moratoria impositiva y aduanera.
