Líderes de comunidades originarias respaldan este Día Internacional de los Pueblos Indígenas las políticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pese a las diferencias que existen en esta población sobre sus megaobras de infraestructura y la atención a las víctimas de la violencia.
En la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, representantes destacaron en entrevistas con EFE la reforma constitucional que reconocerá los derechos de las comunidades originarias que debate a partir de este viernes el Congreso.
Integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), del Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Cámara de Diputados apoyaron dicha iniciativa, que les reconocerá como «sujetos de derecho», su «personalidad jurídica» y el «patrimonio propio desde la libre autodeterminación».
«Era importante estar todo reunidos para dar seguimiento a la decisión y a esta demanda de nuestros pueblos indígenas para ser reconocidos con nuestros derechos plenos», explicó la coordinadora general del CNPI, Yanet del Rosario Cruz, sobre el debate de la iniciativa presentada por López Obrador en febrero.
Sobre la importancia del cambio en la constitución, Cruz incide en el hecho del nuevo estatus jurídico que conseguirán los pueblos originarios, que ahora «no tienen derecho a autogobernarse».
«Por eso, para nosotros es muy importante este reconocimiento, ser reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, eso abrirá a un momento distinto en el ejercicio de derechos de nuestros pueblos indígenas», señaló la coordinadora.
Una deuda para un país indígena
A pesar de ser uno de los países de América con mayor población indígena, con más de 23 millones de personas que se identifican como tal, casi la quinta parte del total de 126 millones de habitantes, México tiene deudas en términos legislativos con sus 68 pueblos originarios.
Para el director general del INPI, Adelfo Regino, la reforma significa que las comunidades indígenas «puedan implementar acciones públicas para su bienestar y desarrollo, recibir y administrar los recursos públicos de manera directa y, sobre todo, crear las condiciones para ejercer su libre determinación y autonomía».
«Esta reforma constitucional, sin duda, alguna vendrá a fortalecer la vida de nuestros pueblos de nuestras comunidades y a entablar una relación horizontal y de respeto entre nuestros pueblos y el Estado mexicano», destacó Regino.
Algunas comunidades indígenas, en particular en el sureste de México, han cuestionado al Gobierno por sus megaobras de infraestructura, como el Tren Maya, además de denunciar que no ha hecho lo suficiente para combatir al crimen organizado que los ha desplazado, sobre todo en los estados de Chiapas y Guerrero.
Pero el funcionario indígena aseguró que «este proceso que se ha construido tiene una amplia participación» de las «comunidades indígenas y por eso tiene una amplia legitimación social».
«Lo que buscamos es que la norma tenga eficacia en la realidad, que sea un instrumento para transformar la realidad en nuestros pueblos (…) para dejar atrás este lamentable episodio de abandono, exclusión, discriminación y racismo que durante siglos han vivido nuestros pueblos», señaló Regino.
Un avance «trascendental»
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Congreso, Irma Juan Carlos del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), calificó el momento de «trascendental» por ser un avance en una demanda histórica de sus comunidades.
«Ha sido un proceso amplio, largo, un proceso de consulta que inició primeramente con la consulta a 16 ejes temáticos», explicó la legisladora.
Pese a que evalúa de forma muy positiva la iniciativa, la morenista reconoce que se trata de solo un primer paso.
«Entendemos que no siempre vamos a alcanzar, el 100 % de lo que pedimos o anhelamos, esto es progresivo, es gradual, entendemos que como pueblos hasta ahorita vamos muy bien, vamos avanzando», valoró.
La iniciativa figura en el paquete de reformas constitucionales presentada por López Obrador en febrero que entraría en vigor previsiblemente a partir del próximo septiembre, cuando el oficialismo tenga ‘supermayorías’ en el Congreso para modificar sin obstáculos la carta magna.
