El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, aseguró que la justicia no se hace por rumores, ni por presión política, ni por gritos en redes, la justicia se hace con pruebas”, respecto a la falta de investigaciones en contra del ex gobernador Omar Fayad Meneses, por la probabilidad de participación en la denominada “Estafa Siniestra”.
Lo anterior, durante su comparecencia ante diputados de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, en el marco de la glosa del tercer informe del gobernador, Julio Menchaca Salazar.
Dijo, “para denunciar a un ex gobernador no basta con suposiciones, se necesita evidencia directa, firme e irrefutable que pueda sostenerse en los tribunales y que no se caiga de amparos, esa es la ley y esa es la única forma en que quienes dañaron al estado realmente paguen”.
Destacó que hasta el momento, las instancias encargadas como la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría y la Auditoría Superior, no han recibido de los involucrados ninguna denuncia hacia superiores.
Comentó “estamos en espera que ellos lo denuncien, no tenemos transferencias, ni testimonios, ni criterios de oportunidad… la justicia se demuestra, no se imagina, hay que presentar pruebas y evidencias”.
Agregó “aquí no fabricamos culpables ni protegemos a nadie por conveniencia, aquí seguimos el rastro del papel de quién autorizó, quién firmó, quién transfirió, quién ejecutó, nuestra labor es técnica, tiene un solo objetivo, encontrar al responsable, recuperar el dinero perdido”.
En ese sentido recordó que hasta el momento se han recuperado 475 millones de pesos, entre dinero en efectivo y bienes, “el monto del desvío fue de 2 mil 400 millones de pesos con fecha actualizada. Dentro de ellos, los 500 y tantos millones de pesos conocidos de los ayuntamientos, pero lo demás corresponde a dependencias, organismos que nosotros tenemos denunciados”.
Además precisó que en el proceso de investigación por la “Estafa Siniestra”, se presentaron 95 denuncias, 25 personas sufrieron una acción de carácter judicial y desde noviembre del 2022 se inició una investigación de carácter administrativo por daño al erario de 807 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas.
