Otra adversidad que se vive en Tula, es la de que la plantilla de elementos no es suficiente para cubrir a las más de 50 comunidades que tiene el municipio
La percepción de inseguridad entre los habitantes del municipio de Tula de Allende, es cada vez mayor, pues el territorio lo disputan grupos criminales que se dedican a la comercialización de drogas, a las ejecuciones y cobro de piso entre otros delitos más, además de que presuntamente las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema, por lo que reiteran que se necesita disponer una mayor atención al respecto.
Así mismo, se revela que no se conocen las cifras reales y que en esa demarcación hidalguense ya es cotidiano ver acciones llenas de violencia, que han cobrado la vida de personas que al ser localizadas en lugares solitarios presentaron huellas de tortura, por lo que urgen que se realicen estudios e inversiones para fortalecer la seguridad en el municipio.
También se acusa que el ex presidente municipal Manuel Hernández Badillo no invirtió en seguridad, además de que dejó perder el equipamiento que existía en el C-2, lo que provocó que en la actualidad no se cuente con suficientes cámaras de videovigilancia y la problemática se recrudece en áreas como las galeras de Retención Primaria, lo que permite que al interior se violenten los derechos humanos en agravio de los detenidos.
Pese a que el municipio es la cabecera distrital y una de las tres zonas metropolitanas de Hidalgo, no se cuenta con cámaras de seguridad en el C2, y es de los principales problemas que se denuncian, así como de otras deficiencias existen y que están mermando la seguridad.
Otra adversidad que se vive en Tula, es la de que la plantilla de elementos no es suficiente para cubrir a las más de 50 comunidades que tiene el municipio, ello sin contar con que se tienen muy pocas unidades móviles para realizar las labores de los elementos de la policía municipal, así que eso les deja en desventaja en el combate contra la delincuencia.
Habitantes de la Ciudad de los Atlantes, indican que actualmente se han acrecentado los cobros de piso que delincuentes de grupos delincuenciales exigen y en caso de no acceder a ello, se convierten en víctimas de agresiones, amenazas y de ejecuciones, que la policía no logra detener y mucho menos aclarar.
De ello se sabe que estos cobros de piso los sufren los dueños de carnicerías, pero la maña también obliga al sector restaurantero a comprar carne en un solo establecimiento.
Indudablemente que ahora se tiene una percepción negativa de los elementos policiales, de quienes se relata que se encuentran coludidos con los grupos criminales que operan en la región de Tula.
Prueba de ello, se recordó que elementos de la policía local se han visto involucrados en hechos delictivos, incluso cuatro policías fueron detenidos en semanas anteriores, además de otros más que fueron denunciados porque presuntamente dejaron ir a la persona que atropelló al médico Salvador Mayorga y del que se han negado que existan videos del hecho, aunque hay versiones que afirman que sí existen.
El cobro de piso en Tula ya se extendió hasta el municipio de Tepeji, un conflicto que también viven los pequeños y medianos criadores de cerdos de la región, que ahora se ven impedidos de poder comercializar libremente sus animales.
La comisión violenta de este delito presuntamente corre a cargo de un grupo delictivo que visita tanto a los carniceros, como a los taqueros de la región, a quienes someten violentamente para obligarlos a realizar el pago de piso, bajo la consigna de que deben comprar la carne sólo en donde se les indique, ya que de lo contrario son presas agresiones.
El problema, se denuncia que también se ha extendido a los municipios de Tlaxcoapan, Tlahuelilpan e incluso en Tezontepec de Aldama, sin que las corporaciones policiales de la región puedan evitarlo.
Es tanta la impunidad con la que operan los extorsionadores, que en caso de que se llegue a denunciar un caso, de inmediato proceden a agredir a sus víctimas, a quienes el miedo los hace sus presas y a sabiendas de que hacerlo sería a costa de su vida y de las de sus familiares, prefieren realizar el pago que se les exige y de plano omiten hacer sus denuncias ante las autoridades.
Finalmente, los sectores afectados solicitan el apoyo de las autoridades, para tratar de detener las extorsiones que no les permiten trabajar libremente y que en varios de los casos les ha dejado hasta la pérdida de la vida de los trabajadores y dueños de establecimientos comerciales.