Familiares de presos políticos en Venezuela advirtieron el martes que «más de la mitad» de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Parlamento en primera discusión y en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación definitiva.
«Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas», advirtió Andreína Baduel, dirigente de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), en una concentración de familias y activistas frente al Palacio Legislativo, sede del Parlamento.
La activista denunció que el proyecto de ley propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no cubre detenciones ocurridas en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, cuando ocurrieron «más de la mitad de los casos» que tienen registrados.
En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Baduel denunció que las familias no han sido escuchadas en el proceso de consulta pública y recalcó que una amnistía «no es la única vía» para lograr la liberación de los detenidos.
«Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas», insistió.
