La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió este martes una «declaratoria formal de suspensión de actividades jurisdiccionales» por tiempo indefinido, la cual dará inicio desde el primer minuto de mañana, como parte de sus acciones contra la reforma del Gobierno mexicano para que haya elecciones en el Poder Judicial.
Precisaron que el paro de labores se dará en el Poder Judicial de la Federación (PJF), con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Jufed también «exige la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso mexicano, con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.
En el documento de 18 puntos, hecho público este martes y distribuido a medios, la juez federal y directora de la asociación Juana Fuentes Velázquez precisó que la suspensión de actividades «constituye el medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada».
En su posicionamiento, la Jufed sostiene que su movimiento y suspensión de actividades «tiene validez jurídica y constituye causa lícita del acto jurídico de suspensión de actividades, la cual, además, tiene el carácter de pacífica (…) por lo que se hace saber a la opinión pública que bajo ningún concepto podría configurarse delito, causal de juicio político ni causa de responsabilidad administrativa».
Agregó que «su finalidad no es trastocar el servicio público de administración de justicia sino defender un componente esencial del Estado de Derecho y del estatuto de las personas juzgadores del Poder Judicial de la Federación: la independencia judicial».
La Jufed apuntó que su «declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general, y de los integrantes de la judicatura en lo particular, sobre la ‘reforma judicial’ derivada de la iniciativa de 5 de febrero de 2024» del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este martes, en su conferencia diaria, López Obrador calificó de «ilegal» la huelga que convocaron los jueces y trabajadores judiciales contra la reforma del Gobierno para que haya elecciones en el Poder Judicial, pero minimizó sus consecuencias.
“No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar», declaró el mandatario en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano minimizó el paro que este lunes convocó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que a partir el miércoles harán una huelga a nivel país contra la reforma judicial que el oficialismo pretende votar en septiembre.
La iniciativa de López Obrador permitirá a partir de 2025 elegir por voto popular a jueces, magistrados y a ministros de la Suprema Corte, por lo que la Jufed argumenta que afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión».
El oficialismo prevé votar la reforma constitucional del Poder Judicial en septiembre, cuando tenga la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, para modificar la Constitución sin obstáculos.
