La Procuraduría abrió este viernes una investigación a Álvaro Moisés Ninco, exembajador de Colombia en México; el viceministro de Juventud, Gareth Sella, y otros dos funcionarios públicos por las presuntas calumnias contra la periodista Diana Giraldo publicadas en la red social X.
Los investigados publicaron entre marzo y junio de este año mensajes en los que decían que una información dada por la periodista en la emisora Caracol Radio habría provocado el asesinato del líder social Josué Castellanos el 5 de marzo en el departamento de Arauca (este), cometido presuntamente por disidentes de las FARC.
Según detalló el Ministerio Público en un comunicado, las declaraciones de los cuatro investigados pudieron «atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora» y «promover un escenario de violencia digital en su contra».
Por eso reconoció como víctima a Giraldo, quien podrá «solicitar, aportar e intervenir en la práctica de pruebas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que considere necesarias, y solicitar y obtener copias del proceso».
Las otras dos personas a las que se investiga son la exjefa de la Oficina de Servicios al Consumidor María Niny Echeverry y David Rozo, quien trabaja en el sistema de medios públicos RTVC, explicó la Procuraduría en un comunicado.
«Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la posible responsabilidad de los investigados», apuntó la entidad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en la misma red social sobre la investigación: «Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?».
«Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos», añadió el presidente en la publicación.