Durante la mañanera del pasado lunes, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza dio a conocer que los “invasores” de casas pueden dormir tranquilos porque no serán desalojados, antes bien se les dará oportunidad de adquirir la vivienda con un esquema de renta para comprarla.
Indicó que durante un censo se comprobó que alrededor de 145 mil casas están ocupadas en forma irregular. Reiteró también que no habrá desalojos, como antes se hacía, pese a que las viviendas sean ocupadas de manera irregular.
Simplemente hay que recordar lo que envuelven estos casos de “invasión”, como el de la señora Carlota, quien el 01 de abril en Chalco asesinó a dos personas porque habían “invadido” la vivienda de su familia; la mujer está siendo procesada igual que sus hijos, quienes la acompañaban en el pretendido desalojo. Se supo que los invasores pertenecen a una organización criminal conocida como Sindicato 22 de Octubre, es decir no son personas o familias que necesiten una casa, sino criminales que se apropian de las viviendas para después venderlas a ilusos compradores.
Resulta muy peligrosa la cuasi invitación que se hace a los invasores, porque obviamente las organizaciones criminales aprovecharán esta situación para multiplicar las invasiones de viviendas, con el virtual aval de las autoridades. Podría pensarse en primera instancia que se ayuda a las familias pobres que decidieron invadir una casa para poderla obtener mediante rentas bajas. Pero no es así, porque las familias mexicanas no invaden viviendas, no son criminales. Así las cosas, es de esperarse que se multipliquen las invasiones de casas solas.
La ilegalidad no se puede ni debe regularizarse. Quienes obtienen créditos de Infonavit lo logran luego de trabajar largos años en alguna empresa, la cual también realiza pagos para abonar los créditos. No se puede aceptar que los abusivos invadan viviendas que pertenecieron a trabajadores que por “x” motivo no pudieron seguir pagando. Sí, debe darse oportunidad de que mantengan sus viviendas pero a los verdaderos propietarios, no a quienes invaden viviendas.